Bolivia fue por mucho tiempo el país de la fragmentación política y geográfica. Estos rasgos, que iban a la superación desde los 80, resurgieron durante el gobierno de Evo Morales.

POLÍTICA – AMÉRICA
La dura confrontación política en Bolivia pareció encaminarse este miércoles hacia una ruptura definitiva entre el Gobierno de Evo Morales y la oposición política y regional, con mutuas amenazas de uso de fuerza y hasta anuncios de autonomía de facto en cuatro distritos.

Tras rechazar por “cínico” un llamamiento presidencial a una tregua, prefectos opositores reiteraron su rechazo al proyecto de Constitución “plurinacional” aprobado el domingo pasado por la Asamblea Constituyente y dijeron que seguirán adelante con sus planes de autonomía.

El Gobierno, que desautorizó cualquier declaración de autonomías antes del cambio constitucional, insiste en la negociación.

“Nuestra primera opción es el diálogo, pero si esto fracasa las instituciones de fuerza legal actuarán,” advirtió el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la más enérgica advertencia lanzada por el Gobierno contra los que consideró “intentos separatistas.”

Los prefectos de los departamentos petroleros de Santa Cruz y Tarija y los amazónicos Beni y Pando anunciaron que el sábado 15 de diciembre pondrán en vigencia estatutos de autonomía al margen de la Constitución actual.

Sus pares opositores de La Paz y Cochabamba expresaron disposición a seguir sus pasos, en tanto que los tres prefectos oficialistas mantenían silencio.

Autoridades y cívicos de los cuatro distritos rebeldes tratan de establecer autonomías departamentales, rechazando anticipadamente el régimen de autonomías de la nueva Constitución, que llega hasta las comunidades indígenas.

El Gobierno prepara también para el sábado venidero una gran concentración popular en La Paz en la que los líderes de la Asamblea Constituyente, la mayoría oficialista, entregarán la nueva carta magna a Morales.

“No admitiremos que ningún prefecto, municipio o dirigente cívico pueda atentar contra la unidad de la Patria, eso está claro y es un deber constitucional de todo ciudadano boliviano el combatir semejantes actos de sedición y separatismo,” afirmó el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra.

Suavizando estas advertencias, el portavoz gubernamental, Alex Contreras, dijo que los policías de refuerzo enviados a Santa Cruz tenían como misión principal “el resguardo de instituciones públicas,” algunas de las cuales están tomadas desde la semana pasada por activistas pro autonomía.

El forcejeo por las autonomías se suma a una larga lista de disputas entre Morales y la oposición, liderada por autoridades y cívicos de Santa Cruz, distrito que representa un tercio del territorio boliviano y donde están casi todos los latifundios que el Gobierno pretende revertir.

Con miras a una declaración de autonomías de facto que pretenden hacer el sábado, prefectos opositores instalaron este miércoles asambleas de representantes regionales para aprobar los estatutos autonómicos.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, declaró que están previstos para el sábado cabildos o asambleas populares para declarar “gobernadores” a sus prefectos.

Tras esos cabildos, los “gobernadores” tomarían control de oficinas públicas, como las de impuestos internos y reforma agraria, que desde la semana pasada están tomadas por activistas cívicos, según reportes de medios locales.

El ministro Rada dijo que el Gobierno confiaba en que “al final haya diálogo y se preserve la paz.”

Rada, quien renunció el miércoles en la noche tras ser censurado en el Senado por disturbios de noviembre en la ciudad sureña de Sucre que dejaron tres muertos, fue ratificado en el acto por el presidente Morales.

Lo mismo ocurrió con otros dos ministros censurados previamente por el Senado, donde la fuerza dominante es la alianza Podemos, la cual –a juicio del Gobierno– está detrás de las planes de las autonomías.