La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice las pruebas necesarias para investigar una queja interpuesta ante este órgano por dos abogados en relación con el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de determinadas cantidades durante el permiso por estudios que disfrutó en Nueva York.
Por parte del Supremo
La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por el abogado Antonio Panea contra la decisión del Consejo de archivar de plano una denuncia relativa a los cobros del magistrado de la Audiencia Nacional. El alto tribunal ha ordenado retrotraer las actividades hasta el momento de práctica de la prueba.
Se trata de la segunda ocasión en la que el Troibunal Supremo ordena al órgano de
Gobierno de los jueces investigar la posible responsabilidad disciplinaria del juez
Garzón por sus
actividades en la Universidad de Nueva York.
Esta queja la interpuso el letrado varios meses antes de que la Sala de lo Penal del Supremo ordenara al Consejo una investigación similar que aún no ha concluido.
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