Nos encontramos con la paradoja de que una corporación como, por ejemplo, La Caixa paga un 5 % de impuestos mientras que un profesional autónomo se ve obligado a abonar, como mínimo, diez puntos porcentuales más.
A pesar de la creencia popular de que los impuestos son progresivos en nuestro país, la realidad es sustancialmente diferente, salvo la matizada excepción del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Sin ir más lejos, las grandes corporaciones asentadas en España tributan un 5 % del beneficio en impuestos de sociedad mientras que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) lo hacen en torno a un 15 %. Y esto no lo digo yo, sino que lo explicó
Alejandro Meraviglia en
un clarificador artículo publicado recientemente en Cinco Días y que vale la pena rescatar.
Una lectura desglosada de los datos nos muestra que las PYMES son las únicas empresas que tributan realmente al tipo general del 15,3 %, porcentaje que es considerado como el efectivo sobre resultado contable del impuesto de sociedades. Según Meraviglia y en base a los datos de ofrecidos por Hacienda respecto al ejercicio del año 2010, los grupos consolidados rondaron los 90.000 millones de euros de beneficios. Por su parte, las PYMES apenas llegaron a los 67.000 millones. Sin embargo, las grandes corporaciones lograron reducir su base imponible a los 28.186 millones tras exenciones, beneficios y ajustes por consolidación mientras que las PYMES sólo pudieron hacerlo en 48.216 millones. Dicho de otro modo, a pesar de tener mayores beneficios, los conglomerados empresariales aplicaron un tipo efectivo del 5 % y aportaron a las arcas públicas tan sólo 4.496 millones mientras que las PYMES tributaron al mencionado 15,3 %, abonando al fisco más de 10.000 millones.
De este modo, nos encontramos con la paradoja de que una corporación como, por ejemplo, La Caixa paga un 5 % de impuestos mientras que un profesional autónomo se ve obligado a abonar, como mínimo, diez puntos porcentuales más. No debe sorprender que, algunos analistas económicos, consideren que los trabajadores y las PYMES trabajan, en el fondo, para el sostenimiento y la obtención de beneficios de los rentistas, es decir, los accionistas de las grandes empresas.
Llama poderosamente la atención que, desde los diferentes y sucesivos gobiernos, no se haya revisado esta sangrante situación, teniendo en cuenta que la última Encuesta de Población Activa (EPA) ha revelado que la única fuente de creación de empleo es el llamado cuentapropismo, con más de 65.000 nuevos autónomos en el último trimestre que se incluyen dentro de las PYMES. A las grandes corporaciones, ni están ni se las espera en la creación de empleo.
Una aclaración a modo de conclusión: me parece fantástico que los accionistas y rentistas o, lo que es lo mismo, los propietarios de una empresa deseen obtener el máximo posible de beneficios. Y veo razonable que cualquier individuo o empresa intente pagar la menor cantidad posible en impuestos. Lo que no me satisface en absoluto son las inmorales ventajas fiscales con las que cuentan los grupos consolidados frente a las PYMES. Es algo que va en contra de la pura esencia del libre mercado. O eso se supone. Se trata, pues, de una competición amañada.
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