La lucha del pueblo indígena Ogiek por el reconocimiento de sus derechos territoriales se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos del sistema africano de derechos humanos. Las decisiones de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, no solo consolidan una jurisprudencia pionera sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también ponen de relieve uno de los mayores desafíos del derecho internacional: garantizar que las sentencias internacionales sean cumplidas de manera efectiva por los Estados.
Durante generaciones, los Ogiek han habitado el Bosque Mau, el mayor complejo forestal de Kenia y uno de los ecosistemas más importantes de África Oriental. Su modo de vida, basado en la caza, la recolección y la apicultura, mantiene una estrecha relación con el bosque, del que dependen para su alimentación, su identidad cultural, sus prácticas espirituales y sus medios de subsistencia.
Sin embargo, esta relación histórica con el territorio se ha visto constantemente amenazada por una política estatal de desalojos forzosos. Durante décadas, las autoridades keniatas expulsaron repetidamente a la comunidad de sus tierras ancestrales bajo diversos argumentos, entre ellos la conservación ambiental y la protección del Bosque Mau. Para los Ogiek, estas expulsiones representaban la continuación de una larga historia de marginación, discriminación y despojo territorial.
La situación alcanzó un punto crítico en octubre de 2009, cuando el Servicio Forestal de Kenia emitió una nueva orden de desalojo que otorgaba apenas treinta días para abandonar el bosque. Frente a esta medida, el Ogiek Peoples’ Development Program, junto con el Centre for Minority Rights Development y posteriormente Minority Rights Group, acudieron a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, denunciando la violación de múltiples derechos protegidos por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
La Comisión consideró que el caso revelaba violaciones graves y masivas de derechos humanos y, en una decisión excepcional dentro de su práctica institucional, decidió remitirlo directamente a la Corte Africana.
Tras ocho años de litigio, la Corte emitió en mayo de 2017 una sentencia histórica. El tribunal concluyó que Kenia había vulnerado siete derechos fundamentales reconocidos en la Carta Africana, entre ellos el derecho a la propiedad, la prohibición de la discriminación, la libertad de religión, los derechos culturales, el derecho a disponer libremente de los recursos naturales y el derecho al desarrollo. Únicamente descartó la alegada violación del derecho a la vida.
Uno de los aspectos más innovadores de la sentencia fue el reconocimiento expreso de que los Ogiek poseen un derecho colectivo sobre sus tierras ancestrales. La Corte sostuvo que la expulsión de la comunidad, realizada sin consulta previa y en contra de su voluntad, constituía una violación del derecho a la propiedad, interpretado conforme a los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los principios recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El tribunal también rechazó uno de los principales argumentos del Estado keniano: que los desalojos eran necesarios para proteger el Bosque Mau. La Corte dejó claro que los objetivos de conservación ambiental no pueden utilizarse para justificar la negación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, especialmente cuando no existe evidencia de que estos sean responsables de la degradación ambiental. Por el contrario, reconoció el papel de los Ogiek como custodios tradicionales del ecosistema forestal.
La sentencia también declaró que la negativa del Estado a reconocer a los Ogiek como una comunidad diferenciada constituía una forma de discriminación, pues los desalojos habían interferido gravemente con su libertad religiosa y su derecho a la cultura, debido a la profunda conexión existente entre sus prácticas espirituales y el territorio ancestral.
Así, las decisiones de la Corte africana consolidan uno de los desarrollos jurisprudenciales más importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas. Más allá del continente africano, el caso constituye una referencia para el derecho internacional de los derechos humanos y para otros sistemas regionales de protección. Al reafirmar que la restitución de tierras, la reparación integral y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales son elementos inseparables de la protección de los derechos humanos, la jurisprudencia del pueblo Ogiek establece un precedente que probablemente influirá en futuras controversias relacionadas con los derechos indígenas en todo el mundo.
es graduada en Antropología Social y Cultural y estudiante del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares.
Foto: página oficial de Ogiek People’s Program: https://www.ogiekpeoples.org/who-we-are
