Es ridículo y soprendente que en la España de hoy ministros del gobierno se apresuren a desmentir “ruidos de sables”

Editorial
El ministro español de Defensa, José Bono, mostró ayer su respaldo a las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Félix Sanz Roldán, expresando su preocupación por que el ejercicio de su derecho de expresión y la defensa «en voz alta» del texto constitucional pueda llegar a ser interpretado como un ataque. Bono expresó su convencimiento de la total integración y adaptación del colectivo militar a la era constitucional y afirmó que sería sorprendente para él “que alguien crea que cuando un militar defiende la unidad de España leyendo en voz alta el artículo segundo de la Constitución está haciéndole daño a alguien”.

A partir de aquí podría decirse que comienza a verse que el presidente Rodríguez Zapatero tendrá serias dificultades para lograr convencer a todo su partido de acompañarlo en la enajenación de maquillar para su aprobación el Estatut catalán en el Congreso. Es lógico: el PSOE es un partido mayoritario donde conviven políticos con amplia trayectoria que entienden que aceptar las condiciones del órdago secesionista sería quebrar el orden constitucional español. Además del ministro de Defensa, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Alfonso Guerra, aventuró que la negociación del Estatuto de Cataluña en la Cámara Baja será “complicada y larga”, porque “son muchos artículos los que plantean dificultades de encaje constitucional”. Lo que no se sabe es el alance y sinceridad de estas manifestaciones o si estamos ante la escenificación de una estrategia calculada.

¿Las voces disidentes del PSOE señalan la necesidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE, un acuerdo de amplio calado que eche por tierra las pretensiones de Zapatero de practicar cosmética legislativa sobre el Estatut?. El Partido Popular ya ha dicho que no negociará enmiendas a la reforma catalana si el PSOE rechaza un pacto global. En este sentido, el PP no entrará a negociar “sin un acuerdo global de cambio del modelo”, ya que, a su juicio, no basta con puntuales retoques “si el bisturí no actúa de raíz”, es decir, borrando de cuajo todo aquello que legitime la rebelión institucional que impulsa el tripartito catalán y que parece amparada por el propio presidente Zapatero. Además, los populares estudian la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Pero las posibilidades de un acuerdo global son remotas. El secretario general del Partido Popular, Angel Acebes, acusó a Zapatero, de ser el “impulsor” de que el término nación aparezca en el primer artículo de la reforma del estatuto catalán, y mostró su pesimismo respecto a que el Gobierno quiera negociar con el PP diversos aspectos de este proyecto. Difícilmente Zapatero se arrepienta de haber elegido a “otros compañeros de viaje”. Detrás sus pronunciamientos conciliadores del presidente del Gobierno se esconde una estrategia para ganar tiempo y rebajar el nivel de crispamiento fruto de sus despropósitos al mando del Ejecutivo.

Zapatero no puede darse el lujo de hacer como si aquí no pasara nada tachando de apocalípticos a quienes desean seguir viviendo bajo la unidad constitucional que asegura la cohesión española. La clave está en asegurar la igualdad de todos los españoles ante la ley. La apuesta del ejecutivo de Zapatero, por más que quiera ser maquillada, apunta lo contrario y es un grave error que tendrá consecuencias.

Ya es bastante ridículo y soprendente que en la España de hoy ministros del gobierno se apresuren a desmentir “ruidos de sables” y salgan en defensa de las declaraciones de jefes de la cúpula militar.