Editorial
La decisión de la Duma de aprobar un proyecto de ley para prohibir a las ONG internacionales de DDHH actuar libremente en Rusia es un serio revés para el futuro de la democracia de ese país y golpe a bocajarro a las ya frágiles libertades de expresión e información que tolera el Gobierno de Vladimir Putin.

El pasado verano, Putin advirtió ante un grupo de expertos de Derechos Humanos con los que se reunió en el Kremlin que no permitiría que las organizaciones internacionales financiasen actividades políticas en Rusia. El motivo era claro: Putin está convencido de que si permite a algunas ONG extranjeras expandir un ambiente de reflexión crítica en Rusia el resultado a la larga podría acarrear revueltas como las que derrocaron a otros gobiernos en antiguas repúblicas soviéticas como Georgia, Ucrania y Kirguistán.

Bajo esos lineamientos, este hombre que se educó profesionalemente en las entrañas de la KGB, mantiene un férreo control de la libertad de información. Como ha denunciado Reporteros Sin Fronteras, sólo en el año 2004, al menos 17 periodistas fueron agredidos y tres amenazados, por su actividad profesional en Rusia.

En el campo de los derechos humanos, el deterioro es aún mayor. Cabe recordar que Rusia no ha establecido una comisión nacional independiente formada por relatores especiales de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Chechenia como le pidió la ONU en el 2001. En abril de 2003, a pesar de ser miembro del Consejo de Europa, se negó a autorizar la publicación de informes y recomendaciones elaborados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Por otra parte, aunque ha ratificado el Convenio Europeo, no admite la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la revisión de los procedimientos de detención e internamiento y ha mantenido aún la pena de muerte en tiempos de guerra.

También debe cuestionarse la manipulación descarada del contenido informativo otorgado a la toma de 800 rehenes por parte de terroristas chechenos en el Teatro de la calle Melnikov de Moscú, en octubre de 2002, en donde Putin levantó espesos muros de silencio para ocultar la utilización de dosis masivas de fentanil y del compuesto tóxico BZ que provocaron la muerte de más de 120 rehenes, bajo el amparo de la ley antiterrorista que sostiene que toda información está sometida a los imperativos de la seguridad nacional.

La ley antiterrorista fue la excusa que Putin necesitaba para acabar con las cadenas de televisión con cobertura federal , independientes y críticas con su Gobierno. Y sin embargo, el único que le reprocha sus actitudes autoritarias, al tiempo que Europa calla, es el presidente norteamericano George Bush, quien le ha espetado entre otras cosas su descarado intento de sostener a Víktor Yanukovich en Ucrania en contra del clamor popular y las protestas internacionales por la manipulación fraudulenta de los resultados.

En definitiva, habrá que tomar nota del aplazamiento de los progresos democráticos en la Rusia de Putin. No puede tolerarse en un miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa la marginación de los partidos tradicionales, la subordinación coactiva del Parlamento al Ejecutivo, el control de la prensa y la incipiente sociedad civil permanentemente acosada. Por estas razones, Rusia está lejos de ser un Estado de Derecho y la amenaza terrorista está siendo la coartada de Putin para amordazar a sus oponentes.