El año que se avecina será esencial para que exista un acuerdo político básico entre las diversas facciones y para lograr erradicar el fantasma de la guerra civil, encaminando el país hacia su normalización.

Editorial
La democracia iraquí cierra un año marcado de desafíos políticos mayoritariamente resueltos con éxito. Así lo refleja el calendario político iraquí de este año, que abrió y cerró con elecciones legislativas, las primeras para designar una Asamblea constituyente y las segundas para elegir al Gobierno y Parlamento definitivos tras el proceso de transición. En paralelo, los iraquíes aprobaron un proyecto de Constitución y fueron testigos del inicio del juicio al ex presidente Sadam Husein.

El primer éxito rotundo fueron las elecciones de finales de enero en donde se eligieron los 275 diputados de la nueva Asamblea Nacional, encargada de elaborar una nueva Constitución. El compromiso inquebrantable del pueblo iraquí hizo que acudiera a las urnas un 58% del padrón electoral en un clima de inseguridad atemorizante que registró nada menos que 260 ataques durante la jornada electoral. Tan  sólo hubo una altísima abstención en las provincias suníes.

El triunfo fue para la coalición chií Alianza Unida Iraquí, seguida de los partidos kurdos, mientras los principales grupos suníes boicotearon los comicios. Casi tres meses costó formar un Gobierno de transición, dominado por los grupos chiítas religiosos moderados y los dos principales partidos kurdos. El conflicto se destrabó en abril al elegir la Asamblea al kurdo Jalal Talabani como presidente y al chií Ibrahim al Jaafari como primer ministro. Pero quedaba pendiente el desafío de la redacción de una nueva Constitución, que estuvo plagada de discusiones centradas sobre todo en la organización territorial, entre el modelo federal propuesto por chiíes y kurdos y el centralista defendido por los suníes.

En agosto, y tras una larga disputa verbal entre chiíes, kurdos y suníes, se aprobó, con la oposición de estos últimos, el borrador de una nueva Constitución, que fue sometido a referéndum el 15 de octubre. El referéndum se aprobó pero con un rechazo abrumador en las tres provincias suníes, no fue suficiente para abolir el texto consensuado por chiíes y kurdos.

El 15 de diciembre los iraquíes votaron para elegir el nuevo Parlamento que regirá en los próximos cuatro años y que deberá designar el primer Gobierno constitucional del país. Con una altísima participación de cerca del 70%, los resultados preliminares dieron la victoria a la Alianza Unida Iraquí, aunque finalmente estos resultados han sido impugnados por 35 formaciones políticas, que presentaron más de 1.500 quejas formales por fraude electoral y se niegan a entrar en negociaciones políticas hasta que no se atiendan. Ayer se informó que un equipo de observadores internacionales investigará hasta saber si hubo o no fraude electoral.

Sea como fuere, el año que se avecina será esencial para que exista un acuerdo político básico entre las diversas facciones y para lograr erradicar el fantasma de la guerra civil, encaminando el país hacia su normalización fuera del alcance del del terrorismo islámico. Es incierto, sin embargo, que pueda crearse una coalición amplia y representativa de las distintas etnias y grupos para formar un nuevo gobierno. En el largo plazo, esta última elección de 2005 sólo podrá ser exitosa si contribuye a unificar a Irak y a abrir el camino para que surja la confianza en las instituciones iraquíes de seguridad, así como oportunidades económicas de desarrollo.