Los policías sindicalizados de España han rechazado las denuncias vertidas por Amnistía Internacional. Es falso, dicen, que en las comisarías se torture por “sistema”. El SUP reta a la organización internacional a que denuncie caso por caso, con nombres y apellidos, y en qué comisarías se practica la tortura.
Denuncias de Amnistía Internacional
José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha rechazado las acusaciones vertidas por Amnistía Internacional contra los cuerpos de seguridad. Es falso, dijo, que en las comisarías españolas se torture por “sistema”.
Retó a la organización internacional defensora de los derechos humanos a que “denuncie caso por caso, con nombres y apellidos, y que diga quién y en qué comisaría se ha torturado y de qué manera”. Después, dijo, corresponderá a los tribunales sancionar.
Benito aseguró que si en los casos denunciados en 2007 por AI sólo se han registrado dos condenas judiciales, es porque en el resto no se ha podido probar nada.
Y es que este martes, el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, presentó el informe “España: sal en la herida”. En el documento, aseguraba que en nuestro país el maltrato policial a detenidos sigue quedando impune en la mayoría de las ocasiones. Por ello, pedía al Gobierno la creación de un organismo independiente que investigue las denuncias.
El documento presentado recopila once supuestos casos de maltrato y torturas policiales, denunciadas por la organización en 2007. Según AI, “sólo dos han concluido con una resolución condenatoria”, seis fueron sobreseídos sin que se llegara a celebrar algún juicio y dos continúan en fase de investigación.
El último de los casos, el documento señala que “se determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión”.
Tras asegurar que “la investigación y la sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro por el que se cuela una impunidad casi absoluta”, Beltrán aseguró que en España hay “falta de voluntad política de perseguir a los torturadores”, escasa colaboración de la Policía para identificar a sus miembros implicados, una alta incidencia de contradenuncias y la contracción que se presenta al ser los propios cuerpos de seguridad infractores los encargados de investigar las denuncias.
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