El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, elegido por abrumadora mayoría desmintió al presidente electo que había denunciado supuestos intentos desastibilizadores y afirmó que “Ecuador eligió un presidente no un emperador “
UTILIZARÁ LA FUERZA PUBLICA SI EL PARLAMENTO NOMBRA AL FISGAL GENERAL
Los partidos opositores en Ecuador rechazaron el lunes acusaciones del presidente electo, Rafael Correa, sobre que el Congreso intentará destituirlo para frenar su plan de reformar la Constitución, aunque alertaron que la iniciativa conspirará contra su permanencia en el poder.
Con el nuevo Congreso dominado por la oposición criticándolo por su iniciativa, Correa alertó de un plan para removerlo de la presidencia por su empeño en convocar a una Asamblea Constituyente para dar paso a las reformas.
Pero el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, desestimó los supuestos intentos desestabilizadores.
“De ninguna manera,” aseguró al ser consultado en una entrevista televisada respecto de si el bloque opositor que lidera el unicameral Congreso de 100 miembros analiza mecanismos para expulsar a Correa.
Sin embargo, Cevallos vaticinó al futuro mandatario serias secuelas legales y políticas si sigue con su propuesta de avanzar en cambios que incluirían, entre otros, nuevos sistemas de elección de autoridades y la despolitización de las cortes.
“Ecuador eligió un presidente no un emperador (…) En su momento, el Congreso Nacional actuando democráticamente tendrá que analizar profunda y responsable esta actitud del presidente electo y veremos qué decisión se toma,” dijo Cevallos, quien fue elegido el viernes como titular del Poder Legislativo con una abrumadora mayoría.
El máximo dirigente y portavoz de una alianza de partidos mayoritarios opuestos a Correa, agregó que el mandatario violaría flagrantemente la Constitución de 1998 si da paso finalmente a la Asamblea Constituyente, desconociendo las facultades legislativas del Congreso y otros entes.
Utilizará la fuerza pública si el Congreso quiere nombrar al Fiscal General de la Nación.
“Yo estoy aquí para respetar y hacer respetar la Constitución´, apostilló Correa, tras insistir en que, ´si nombra un fiscal el Congreso, lo cual sería inconstitucional, pues, simplemente, no será reconocido y con la fuerza pública no permitiremos que tome posesión´ del cargo.
Correa, en declaraciones a periodistas, acusó a la mayoría parlamentaria de haberse repartido los cargos públicos de varias instituciones de control, especialmente entre los partidos más fuertes de la Cámara.
Según el presidente electo, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), de Álvaro Noboa, habría pedido la Fiscalía del Estado; mientras que Sociedad Patriótica (PSP), del ex presidente Lucio Gutiérrez, la Contraloría.
El poder en algunas instituciones claves ´ya se repartió´ entre la mayoría legislativa, reiteró Correa, tras advertir que los diputados opositores intentarían designar al fiscal, aduciendo que ha vencido el plazo que tenía el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para presentar a los postulantes.
´¿Cómo puede hacer esto?´ el bloque opositor, ´si es el CNJ el que tiene que presentar la terna para elegir al fiscal´, se preguntó Correa, que presume que sus adversarios ´van a argumentar que han pasado más de 20 días´ de plazo máximo que tenía la Judicatura para presentar a los aspirantes.
Con ese argumento, la mayoría opositora en el Parlamento podría designar a una persona de entre sus filas, pero, según Correa, eso sería ´una sinvergonzonería´, pues recordó que el CNJ, en 2005, ´sí presentó una terna que fue devuelta por el Congreso´, sin justificación.
La controversia por la designación del nuevo fiscal es otro de los elementos de la adelantada pugna de poderes que se ha instalado en el país, a falta de una semana para que Correa asuma el poder.
La pugna se centra en la propuesta del presidente electo de convocar a una Asamblea Constituyente, con plenos poderes, previo a una consulta popular que convocará al día siguiente de su investidura, y que ha sido rechazada por la mayoría parlamentaria.
Correa ha reiterado que la Constituyente es apoyada por más del 80 por ciento de la población y ha asegurado que cualquier intento de bloquearla, sería ir contra el pueblo soberano.
Algunos analistas políticos ecuatorianos han advertido que la pugna de poderes podría generar un “choque de trenes” en el país, al considerar que el Parlamento, dominado por la oposición, tratará de impedir, a toda costa, la Constituyente.
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