Continuando con una serie de protestas que se remontan a varias semanas atrás, grupos ligados a la izquierda y acusados por el gobierno de ser financiados por intereses extranjeros, el Perú se enfrenta nuevamente a una semana de paralizaciones, marchas y protestas.

Perú/Gobierno señala que son promovidas desde el exterior
Desde este martes 7 de julio el régimen del presidente Alan García Pérez enfrentará una jornada de huelgas, marchas y protestas. Comunidades andinas y amazónicas, junto con diversos sindicatos de izquierda, a la par de algunas asociaciones del transporte urbano, paralizarán sus actividades y protestarán contra el gobierno.
En el caso de las entidades gremiales de transporte urbano, concentran sus reclamos contra normas y disposiciones de reciente dación que a su entender los afectan en su diario quehacer. Recordemos que hace apenas una semana (el pasado lunes 29 de junio) realizaron un importante paro a nivel nacional, el mismo que paralizó a muchas ciudades del país.
Por su parte, los demás gremios sindicales y comunidades nativas de la sierra y de la selva plantean la renuncia de todo el gabinete de ministros y el cambio de la política económica del gobierno. Al respecto, el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante, destacó la naturaleza política de estas protestas, señalando que la mayoría de los peruanos están convencidos de los beneficios que tiene para el país el modelo económico impulsando por el gobierno, el mismo que le ha permitido al Perú crecer en 9,8% en el 2008.
Estas protestas se realizarán desde este martes hasta el día jueves de la presente semana. Como forma de contrarrestar el efecto de estas protestas, el gobierno ha dispuesto una serie de medidas. Entre ellas están las de otorgar una tolerancia de dos horas para llegar a los centros de trabajo, junto a la asignación de un bono extraordinario de 20 soles (unos 7 dólares) para cada trabajador que asista a su centro laboral. A la par, el gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía camiones de la policía y del ejército, además del alquiler buses.
Ante la posibilidad de que ocurran actos vandálicos, el Ministerio de Justicia comunicó que las sanciones penales establecidas en la legislación nacional fluctúan entre los 5 y los 10 años de carcelería para los responsables de alterar el orden público. Por ello, el referido ministerio exhorta a los manifestantes a que ejerzan su derecho de protesta respetando los derechos y los bienes de las demás personas.
En ese tenor, el ministro Villasante pidió a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) a respetar a la decisión de aquellos trabajadores que no desean acatar el paro convocado por dicha entidad gremial.