Un niño egipcio de 14 años de edad podría ser ejecutado próximamente en Arabia Saudí tras un “juicio irregular” en el que fue condenado por el asesinato de otro niño, según denunció ayer la organización humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW), que instó al Rey Abdulá a conmutar la sentencia en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Reino en lo que respecta a la protección de los menores de edad.

Denuncian que el Gobierno saudí violó las normas internacionales de protección a los niños
“La ejecución de un niño por el
asesinato de otro sólo aumenta la tragedia. El Rey Abdulá debe cumplir las obligaciones internacionales de Arabia Saudí y conmutar esta sentencia de muerte”, afirmó la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, en un comunicado. Asimismo, la organización lamentó que ni el Gobierno egipcio ni el Gobierno saudí hayan respondido a sus cartas sobre este caso, remitidas hace varias semanas y hechas públicas ayer.

Ahman al-D fue sentenciado a muerte tras un “juicio irregular” por el supuesto asesinato de Wala Adil Abd al Badi, de tres años de edad, en Dammam (400 kilómetros al noreste de Riad, a orillas del Golfo Pérsico) en abril de 2004, según HRW.

Las familias de los dos menores son egipcias, aunque residen en Arabia Saudí. Los padres de Wala se negaron a aceptar la indemnización económica que le ofreció la familia de Ahman (el ´diya´, el dinero de sangre) para que quedara satisfecha la pena, y Ahman se encuentra en el corredor de la muerte de un centro de detención juvenil de Dammam.

Arabia Saudí ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que prohíbe la ejecución de menores de edad o de personas que hayan cometido su delito cuando eran menores de edad.

En su informe de 2004 al Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, Arabia Saudí aseguró que “la ´sharia´ islámica en vigor en el Reino nunca impone la pena capital a personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad” y que “la Norma sobre Detenciones y la Norma sobre Hogares Juveniles de 1395 después de la Hégira (1975) define como joven a toda persona menor de 18 años de edad”.

Según HRW, en todo el proceso de investigación, reclusión, juicio y sentencia “las autoridades saudíes han violado el derecho a un debido proceso de Ahman, así como las normas internacionales de protección a los niños”.

Por ejemplo, el adolescente no contó con asistencia letrada durante los interrogatorios, la reclusión y el juicio. Asimismo, tanto la prensa como la Policía han puesto en duda su estabilidad psicológica y su capacidad para defenderse a sí mismo.

Por ejemplo, el propio Ahman explicó al diario eletrónico saudí ´Al-Yaum al-Elektroni´ que sólo confesó después de que la Policía se lo preguntara tres veces. “Mis fuerzas se debilitaron y ya no tenía capacidad para negar”. El joven contó que durante sus tres meses de confinamiento lloró “por miedo y soledad”.

Pese a que sólo tenía 13 años cuando se produjo el crimen, el tribunal le juzgó como a un adulto, basado en la rudeza de su voz y en que ya tenía vello púbico.

Asimismo, el tribunal rechazó reiteradamente la petición de la familia para que se le sometiera a pruebas psicológicas que podrían haber disminuido su responsabilidad penal, a pesar de las informaciones de la prensa y de las declaraciones de los policías según las cuales el comportamiento de Ahman era más propio de un joven con profundos problemas por falta de cariño que de un adulto plenamente dueño de sus actos.