A la nueva ley para el desahucio de inquilinos morosos le han puesto el larguísimo título, qué afición a las palabras de relleno, de “Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios”.
 

Sólo es un medio para acabar con el populismo franquista en actuaciones de vivienda que, visto 35 años después de la muerte del dictador, resulta que era más izquierdista que la nueva ley socialista: protegía a los pobres, los inquilinos de las viviendas, mientras dañaba a los supuestos ricos, los propietarios.
 

Franco, en realidad, era el Chávez de aquellos tiempos, aunque menos corrupto. Claro que el Caudillo venezolano va hacia atrás y está creando un sistema llamado socialista que viene a corresponder a los años 1950 del franquismo.
 

Pronto, en cuanto a pobreza, Venezuela llegará a los 1940 franquistas, y seguirá avanzando hacia atrás hasta provocar una guerra civil como la española de 1936-1939.
 

Dos de los elementos fundamentales del franquismo estaban vigentes actualmente: el espíritu de las leyes sobre la vivienda que ahora derogan, y las laborales, que continúan con el actual sindicalismo vertical neofranquista.
 

Durante el franquismo casi nadie podía desahuciar a sus inquilinos. Si alegaban pobreza o cualquier circunstancia dolorosa ningún propietario podía echarlos, aunque no pagaran la renta, que, además, estaba permanentemente congelada: la llamada “renta antigua”.
 

Incluso se realquilaban los pisos, mientras los dueños, cargados de hijos, no tenían donde albergarlos.
 

La burbuja inmobiliaria española nació de ahí, porque como nadie quería alquilar en esas condiciones, todo el mundo tenía que comprarse un piso.
 

Quieren enmendar ahora esa herencia franquista elaborando leyes similares a las de las demás democracias, pero que no afirmen que lo hacen para favorecer al pobre, que era lo que decía Franco, y ahora Chávez.