Honduras, a todas luces, es quien lo tiene peor. Dedica mucho más dinero a lidiar con las consecuencias del crimen que a prevenirlo, y un poco menos a enfrentarlo. La huella que deja en su PIB es la resta de un 4,6% de la riqueza nacional, bastante más que en Chile (1,8%), Costa Rica (1,9%), Uruguay (2,3%) y Paraguay (3,8%).

El crimen, más allá de sus secuelas humanas, deja una huella en la economía de los estados. A América Latina y el Caribe, por ejemplo, la violencia y sus secuelas le restan el 3 % del PIB anual, según datos de una reciente investigación patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la región ocurre el 33% de los homicidios que se cometen en el mundo, algo por delante del 31% que se registra en África, el 28% de Asia, y bastante más alejado de los índices de Europa (5%), EE.UU. y Canadá (3%), y Australia y Oceanía (0,3%). Lo tristemente interesante es que en Latinoamérica y el Caribe, donde la tasa anual de homicidios es de 20 por cada 100.000 personas, radican 617,6 millones de habitantes, frente a los 739 millones que pueblan Europa, y la diferencia comparativa entre sus índices de violencia es claramente abismal.

El reporte del BID examina el estado de cosas en países algo diferentes culturalmente y tan lejanos geográficamente como, por una parte, Costa Rica y Honduras, y por otra, Uruguay, Paraguay y Chile, además de aportar datos sobre el resto del área latinoamericana. Y va también de costos, de repercusiones concretas en la economía y en la vida de la gente, que no son solo monetarias, si bien tienen, a efecto de ser medidas, una expresión en dólares contantes y sonantes.

Tampoco es un inventario exacto de las pérdidas, toda vez que, según los autores, las cifras que han tomado para sus cálculos han sido de origen muy diverso –lo mismo oficiales que de ONGs–, y en no pocas ocasiones ha sido imposible acceder directamente a los registros de información sobre actividades delictivas, pues en algunos casos ni siquiera existen esas fuentes.

Tras el crimen, tirar del hilo…

Para establecer los perjuicios causados por el crimen, el BID se decanta por el método contable, que contabiliza monetariamente el gasto en que incurre la economía al atender al afectado, a sus allegados y a sus propiedades dañadas por el delito. También valora las pérdidas de bienestar que sufre el afectado, que debe desviar recursos que podría destinar a emprender un negocio o a fines recreativos o educativos, e invertirlos en su restablecimiento y en una mejora de la seguridad en su entorno.

El crimen supone, así, daños directos, traducidos para el individuo en las lesiones que recibe o en la pérdida de sus propiedades, mientras que para la sociedad hay un costo no despreciable en la brusca interrupción de la actividad laboral del agredido, en el pago de ayudas a este o a sus familiares, en gastos médicos, y hasta en la manutención del infractor una vez en prisión, así como en su procesamiento legal.

Hay igualmente costos externos, como los derivados de la actividad del narcotráfico, que no siempre implican la muerte del afectado. La adicción puede suponer, en tal sentido, no solo el abandono de la actividad laboral para el drogadicto y su anulación temporal o permanente, sino un despliegue de recursos médicos materiales y profesionales destinados a buscar su reinserción social e incluso a evitar su muerte.

Otros costos pueden estar vinculados a la prevención, que para un empresario puede implicar que decida no asentarse ni invertir para generar empleos y riqueza en una región o un país potencialmente peligroso, o que, de hacerlo, se vea obligado a contratar sistemas de seguridad privada e instalar sofisticados sistemas de alarma. Así, en pro de mantener a distancia a la delincuencia, en varios lugares de Centroamérica las familias que pueden permitírselo se encierran en una especie de “guetos” de alto standing, lejos “del criminal ruido”.

Pero la necesidad de andar siempre alerta, de tener que dar rodeos para evitar ciertos lugares, de obligarse a adecuar los horarios personales es un golpe a la calidad de vida del individuo, y puede medirse parcialmente lo mismo en gasto de combustible para dar el rodeo, en electricidad consumida por el cercado exterior, en pagos a los pandilleros para que le dejen en paz o en visitas al psicólogo por alguna experiencia desagradable. El crimen, aún sin tocar físicamente al afectado, le extiende siempre alguna factura.

Una estocada al PIB

De los países nombrados al principio, resalta entre ellos la diferencia en cuanto a los delitos con mayor costo económico. Los homicidios y agresiones constituyen los más gravosos para Chile (783 millones de dólares en pérdidas), así como para Paraguay y Uruguay, mientras que para Honduras y Costa Rica lo son los robos y hurtos (221 y 143 millones de dólares).

Habida cuenta de que la tasa de violencia se mide por el número de homicidios que se registra en cada país, y vistos los costos disparados de Chile en este aspecto en comparación con los de Honduras, podría llegarse a la conclusión errónea de que el país austral es la meca del crimen. Habría que subrayar que se trata de números totales, y reparar en las diferencias demográficas (un país de 17 millones frente a uno de apenas 8), en la mayor cobertura social existente en el país sudamericano, y en la singularidad de que si en este los delincuentes eligen como víctimas fundamentalmente a personas de altos ingresos, en la pequeña nación centroamericana apuntan en primer lugar a los de estrato medio-alto, seguidos por los de altos ingresos.

Honduras, a todas luces, es quien lo tiene peor. Dedica mucho más dinero a lidiar con las consecuencias del crimen que a prevenirlo, y un poco menos a enfrentarlo. La huella que deja en su PIB es la resta de un 4,6% de la riqueza nacional, bastante más que en Chile (1,8%), Costa Rica (1,9%), Uruguay (2,3%) y Paraguay (3,8%).

¿Nostalgia de las dictaduras?

En un continente donde, en un pasado no muy lejano, las dictaduras menudearon, el estigma de ser la zona más violenta del planeta –y ello sin que haya conflictos entre Estados; apenas algún resto de guerrillas en Colombia y el sur de México– es una palmada en el hombro de los nostálgicos. De hecho, los planes (fracasados) de los gobiernos de ARENA en El Salvador, durante la pasada década, para hacer frente a la plaga de las pandillas, llevaban el título de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, un recordatorio de que solo la represión y el toque marcial son capaces de implantar el orden.

Quizás por eso, con tanta democracia joven en el subcontinente y con tanto militar de antaño aún pululando por los cuarteles, llama la atención un dato del Latinobarómetro de 2012, sobre Seguridad Ciudadana. Los consultados, ciudadanos de 18 países, no creen en su gran mayoría que la democracia les garantice protección contra el crimen. Apenas un promedio del 30% cree que sí lo hace, con diferencias que van desde el 55% de los nicaragüenses hasta el 16% de los argentinos, el 17% de los paraguayos y el 23% de los hondureños.

Puede tratarse, de igual modo, de un problema de percepción, que no son lo mismo 5,5 y 3,4 asesinatos por cada 100.000 personas, índices que exhiben Argentina y Chile respectivamente, que los 90,4 homicidios con que se planta Honduras, o los 41,2 de El Salvador, según datos del Banco Mundial citados por el BID. El mencionado Latinobarómetro podría apoyar en este sentido la idea de que la sensación de inseguridad es, en Argentina, exactamente eso: una sensación, pues a la pregunta de si el país se vuelve cada día más inseguro, el 60% respondió afirmativamente, ¡casi igual que el 62% de los hondureños!, solo que estos sí tienen muchas más incidencias relacionadas con el crimen.

¿Es la democracia, por sistema, incapaz de garantizar la seguridad ciudadana? Sencillamente no, y habría demasiados ejemplos para demostrarlo. Pero sí que el crimen hiere la confianza en esta y retarda el desarrollo. “Si hubiera menos homicidios” –que así pudiera titularse uno de los epígrafes del informe del BID–; si lograran reducirlos a los niveles costarricenses, Haití podría incrementar su tasa de crecimiento económico en 5,4%; República Dominicana en 1,8%; Guyana en 1,7% y Jamaica en 5,4%, y si pudiera hacerlo Brasil, que con 25,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes tiene muchos más rostros –y menos amables– en la crónica roja que en las postales del Carnaval de Río, su PIB se incrementaría hasta en un 2,9%.

Es la gran asignatura pendiente de América Latina. La que, año tras año, no acaba de vencer.