Amnistía Internacional ha denunciado esta situación y el martes 28 de febrero publicó el informe titulado “Nos han ordenado aplastarte: aumento de la represión a la disidencia en Irán”. En el mismo se pide, por ejemplo, que la ONU renueve el mandato del relator para Irán, algo deberá hacer el próximo mes. Igualmente, días atrás, el 23 de febrero, AI informó de que el temor a que dos ciudadanos kurdos fueran ejecutados en Irán iba en aumento.

 

El País refleja tanto esta noticia (publicación del Informe) como también información propia producto del trabajo de su corresponsal en Irán (Ángeles Espinosa), con testimonio de Drewery Dyke, especialista en Irán de Amnistía Internacional, quien explicó que hay numerosos de presos políticos en Irán pero que es difícil cuantificarlos. En cuanto al modus operandi del régimen afirmó que “se ha oficializado la unidad de ciberpolicía con capacidad para llevar a cabo detenciones, lo que significa expandir los controles al ámbito privado”.

 

El Mundo también da cuenta del Informe de Amnistía Internacional para reflejar que aumenta la represión con vista a las parlamentarias. Ofrece el testimonio de Ann Harrison (sub-directora de AI para Oriente Medio y Norte de África): “en Irán te pones en riesgo a ti mismo si haces algo que se salga de los estrechos límites de lo que las autoridades consideran políticamente aceptable. Este documento pone de relieve la hipocresía de los intentos del gobierno iraní de mostrar solidaridad con los manifestantes en Egipto, Baréin y otros países de la región”.

 

El testimonio de Harrison lo podemos leer en La Vanguardia junto con una interesante información de contexto: este mes de febrero, el bloguero opositor Mehdi Khazali fue condenado a 4 y medio años de prisión y 10 de internamiento “por difundir propaganda en contra del sistema y conspirar contra la seguridad nacional”.

 

Finalmente, en el Informe se da cuenta de que fue detenido el pasado mes de septiembre uno de los miembros fundadores del Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Se trata de Abdolfattah Soltani a quien se ha amenazado, en la prisión de Evin, con una condena de 20 años.