AGENCIAS/EDE.- Los 167 asientos de la Asamblea Nacional de Venezuela están ocupados desde 2005 por partidarios de Chávez. Esa composición ha permitido al régimen aprobar sin oposición todas las reformas y leyes que exige el proyecto socialista de Gobierno. La oposición considera al Poder Legislativo el “órgano sumiso” a los dictados del presidente.

AMÉRICA/ Reformas aprobadas sin oposición

La Asamblea Nacional de Venezuela se ha convertido en el instrumento dócil al servicio del presidente Hugo Chávez para afianzar su proyecto socialista. En su agenda, ese poder legislativo compuesto por 167 escaños cuyos integrantes simpatizan con el régimen, han allanado el camino para las nacionalizaciones, despojaron del poder a funcionarios opositores, aprobaron polémicas reformas y dieron autoridad a los organismos electorales para modificar los distritos electorales, favoreciendo así a al partido en el Gobierno de cara a las elecciones de 2010.

La última aportación de la Asamblea Nacional ha sido la nueva Ley Orgánica de Educación, rechazada por una buena parte de la sociedad venezolana por reducir las aulas a centros de formación socialista. Los detractores se apostaron a las puertas de su sede con pancartas del tipo “¡No al estilo cubano de educación!”.

Chávez y sus legisladores aseguran que todo el trabajo de la Asamblea Nacional se ha ajustado a los procedimientos que marca la ley. Los opositores han admitido su culpa porque en boicotearon las elecciones legislativas de 2005 denunciando un fraude a favor de Chávez que no pudieron comprobar. Luis Ignacio Planas, dirigente del opositor partido COPEI, declaró: “Le regalamos la Asamblea a Chávez”, con todo y sus 167 curules.

En la primera sesión de 2009, los legisladores despojaron de la mayoría de las atribuciones, dependencias y presupuesto que gozaba la alcaldía de Caracas, cuyo responsable, elegido democráticamente, era el opositor Antonio Ledezma. Para apartarlo, dieron a Chávez poderes para que una colaboradora suya pudiera dirigir la capital venezolana.

En los últimos meses han votado a favor de poner bajo control del régimen los principales puertos y aeropuertos del país, debilitando así a los gobiernos regionales que vieron reducidos sus ingresos propios.

Tras otorgar poder al Consejo Nacional Electoral para volver a trazar las circunscripciones electorales que afectaría a las regiones donde la oposición triunfo en los últimos comicios, la Asamblea Nacional está por discutir otros proyectos de ley para redefinir los derechos de propiedad privada y dar al Gobierno el control de los recursos extranjeros que obtienen las organizaciones no gubernamentales de Venezuela.

Para que sus decisiones no se vean afectadas en caso de que los opositores decidan impugnarlas ante un organismo superior, los legisladores designaron a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Todos son considerados simpatizantes del proyecto de Gobierno de Chávez.