El funcionamiento de una comisión gubernamental para aplicar una nueva ley de hidrocarburos en Bolivia ha provocado reacciones contrarias entre los sectores confrontados a causa de esta nueva norma.

La explotación de los hidrocarburos ha generado decenas de protestas en Bolivia
El partido Movimiento al Socialismo (MAS) ha criticado una supuesta intención del gobierno para negociar la aplicación de la nueva ley a través de esta comisión.

La explotación de los hidrocarburos ha generado decenas de protestas en Bolivia. Por otra parte, las compañías petroleras extranjeras que operan en Bolivia tienen la esperanza de que se establezca un diálogo que permita despolitizar el debate acerca de la explotación de hidrocarburos.

La comisión especial formada por el gobierno está compuesta por expertos en el tema de hidrocarburos y estudiará la forma en que las compañías extranjeras deberán adecuarse a la nueva ley, vigente hace tres meses.

Esta nueva ley especifica la elevación impositiva hasta el 32% sobre la producción de hidrocarburos y obliga a la firma de nuevos contratos entre las compañías y el Estado.

Acercamiento a las petroleras

El senador del MAS, Santos Ramírez, declaró a la BBC que “cualquier comisión es un acercamiento a las compañías petroleras y ya es una negociación con sus intereses”.

“La firma de nuevos contratos no puede negociarse porque es el mandato de un referendo y el gobierno cometería un grave error si lo hace”, afirmó el senador Ramírez.

El Estado ha firmado 72 contratos de explotación de hidrocarburos con empresas transnacionales que se establecieron en Bolivia a partir de 1996.

En las últimas semanas, seis compañías extranjeras han impugnado la suscripción obligada de nuevos contratos.

Repsol, British Gas, Panamerican Energy, Pluspetrol, Total y Vintage, notificaron al gobierno su apelación a tratados bilaterales de protección a las inversiones.

El plazo especificado por la ley para la firma de nuevos contratos vence el próximo 15 de noviembre.

Según Ramírez, el Estado debería rescindir los contratos con las empresas que se nieguen a cambiarlos una vez vencido el plazo.