Miles de bolivianos tomaron el lunes las calles de la capital para reclamar una modificación de la recién promulgada ley de hidrocarburos. La marcha comenzó en la ciudad de El Alto, que mantiene una huelga general indefinida para forzar al Gobierno de Carlos Mesa a que nacionalice los hidrocarburos, actualmente explotados por multinacionales.

Entre las protestas afloraron los rumores de golpe de estado
Miles de bolivianos se concentraron el lunes en La Paz para reclamar mayores
beneficios para el país por la explotación del gas, mientras en la vecina ciudad
de El Alto se inició una huelga indefinida en medio de rumores de golpe de
Estado.

La histórica plaza San Francisco fue escenario de un mitin
encabezado por el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales,
opositor al Gobierno, con el que concluyó una marcha iniciada hace una semana
para exigir la modificación de la recién promulgada ley de hidrocarburos para
asegurar más beneficios al Estado en el negocio petrolero.

En su
discurso, Morales reclamó de nuevo que la ley de hidrocarburos aprobada el
pasado día 17 de mayo sea modificada en el Parlamento para que las petroleras
paguen el 50% de regalía, que es un pago fijo para la explotación.

Pese
a haber reconocido recientemente que Bolivia tiene necesidad de la inversión de
las petroleras, Morales pidió al presidente que ejerza “el derecho de propiedad”
sobre los hidrocarburos y ordene al Ejército la toma de campos petroleros.


Rumores de golpe

Ante algunos
rumores de golpe de Estado lanzados por los dirigentes sindicales, el ministro
de Gobierno (Interior), Saúl Lara, descartó esa posibilidad, negada también por
las Fuerzas Armadas el domingo al ratificar su vocación democrática. Sin
embargo, Lara había denunciado previamente aprestos golpistas de sectores
“radicales” contra el régimen del debilitado presidente Carlos Mesa.

El
mitin en la plaza San Francisco dio el pistoletazo de salida a una semana
marcada por la huelga general indefinida que comenzó ayer en El Alto convocada
por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa ciudad para forzar al
Gobierno a que cumpla con sus demandas, entre las cuales está la nacionalización
de los hidrocarburos.