La Comisión Europea, en boca de su comisaria para la Competencia, ha remitido una carta al Gobierno español en la que reitera sus dudas sobre el acuerdo alcanzado para la reconversión de Izar.

NO SE AJUSTA A LOS COMPROMISOS
La Unión Europea no se muestra muy convencida con las razones esgrimidas por el
Gobierno español con respecto al acuerdo alcanzado entre la Sepi y los
sindicatos para la reconversión de astilleros públicos. Parece que el escenario
que contemplaba el Gobierno, por el que Bruselas apoyaría los planes de
reconversión sin problemas, a principios de 2005, parecen complicarse.

De
esta manera, la comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, ha remitido
una misiva al ministro español de Economía, Pedro Solbes, en la que, como ya
hizo la semana pasada, sigue sin ver claras las condiciones de la privatización
de las compañías que quedarían fuera de New Izar, que agrupa a las plantas
dedicadas a la construcción militar.

Preocupación por los términos del acuerdo

La
pasada semana, Kroes ya pidió a Solbes que le explicara los términos del acuerdo
sobre el futuro del grupo público de astilleros y le expresaba su preocupación
por la posibilidad de que ese pacto no se ajustara completamente a los
compromisos manifestados anteriormente por el Gobierno español.

En la
posterior respuesta de la comisaria se aprecia la preocupación de Bruselas “por
que el arreglo acordado con los sindicatos se desvíe de los compromisos hechos
por el Gobierno español al (entonces) comisario Mario Monti en noviembre”.


A pesar de la argumentación realizada por el vicepresidente segundo, la
comisaria de la Competencia sigue mostrando objeciones sobre “las condiciones de
la liquidación y bancarrota de los astilleros civiles, incluyendo Sestao, y
sobre las garantías de que la producción de barcos civiles en los nuevos
astilleros militares no exceda del 20%”.

Difícil
pronunciamiento antes del 31

Además, el portavoz de Competencia de
la UE, Jonathan Todd, declaró el pasado jueves que el Ejecutivo comunitario
considera muy difícil poder pronunciarse antes del 31 de diciembre sobre si el
acuerdo cumple o no las normas comunitarias en materia de ayudas de
Estado.

Por ello, consideró que el escenario más probable es que los
“contactos y discusiones con el Gobierno español deban continuar a comienzos del
próximo año”. Todd precisó también que si la Comisión estima que los términos
son incompatibles con las normas de la UE se volvería a abrir una
investigación.

Finalmente, el portavoz hizo hincapié en que la Comisión
Europea respetará su compromiso de no notificar formalmente antes de fin de año
la exigencia de devolución de las ayudas a Izar declaradas ilegales, unos 1.100
millones de euros, incluidos intereses, para facilitar la situación financiera
de estas empresas que deben cerrar sus cuentas antes del 31 de diciembre.


El acuerdo marco entre la Sepi y los sindicatos contempla la segregación
de los centros militares y la prejubilación de unos 4.100 trabajadores.