EP / EDE.- Un informe confidencial revelado en la última edición del periódico The New York Times afirma que Bush y sus principales asesores planearon utilizar soldados para detener en territorio estadounidense a varios terroristas yemeníes vinculados con Al-Qaeda. La utilización interna del Ejército habría sido una violación a la Constitución.
AMÉRICA / Plan secreto ilegal
Los principales asesores del entonces presidente estadounidense George Bush, entre ellos el ex vicepresidente Dick Cheney, presentaron a su superior poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un plan que contemplaba la incursión de fuerzas militares en territorio estadounidense para detener a presuntos socios de la organización terrorista Al-Qaeda, en lo que podría ser entendido como una flagrante violación de la ley, según revela el diario The New York Times.
Concretamente, el plan consistía en enviar al Ejército a detener a los llamados “seis de Lackawanna”, un grupo de estadounidenses de origen yemení presuntamente asociados con la red terrorista internacional dirigida por Osama ben Laden.
El problema es que, según el acta de Posse Comitatus firmada en 1878, se prohíbe la intervención del Ejército en suelo estadounidense, salvo en casos expresamente dictaminados en la Constitución. La intervención militar en suelo nacional también está regulada indirectamente por la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El plan de los asesores que presentaron la iniciativa era salvar dicho escollo presentando a los sospechosos como “combatientes enemigos”, apelando a una interpretación bastante poco detallada de los poderes y competencias del presidente de los EEUU. En un memorándum con fecha del 23 de octubre de 2001, Cheney y el resto de firmantes indicaron que “el presidente goza de una amplia autoridad constitucional para desplegar al Ejército contra los terroristas que operan en el interior de EEUU”. La circular fue enviada al asesor de la Casa Blanca, Alberto Gonzales.
La consecuencia inmediata fue una reunión de alto nivel para discutir la iniciativa que, según el diario, contó con la franca oposición de la entonces asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, así como del director en esa época del FBI, Robert S. Mueller III y el director de la división criminal del Departamento de Justicia, Michael Chertoff.
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