El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, denunció afanes golpistas en sectores minoritarios de los grupos organizadores de las protestas para presionar al Congreso a convocar a una Asamblea Constituyente y pedir la nacionalización del gas, reclamo que coincidió con un incremento de las movilizaciones en La Paz.

Los sindicatos se esfuerzan por derrocar al presidente de Bolivia
El centro de la ciudad fue ocupado por miles de maestros, campesinos,
comerciantes minoristas, mineros y universitarios, que de forma pacífica
interrumpieron la circulación de vehículos y obligaron al cierre de comercios y
otros establecimientos.

Pese a que las autoridades no aportaron datos
oficiales sobre el número de integrantes de las marchas, la movilización fue la
mayor desde el inicio de esta nueva ola de protestas en el país.

La
marea humana ocupó la avenida de El Prado, la arteria principal de La Paz, así
como las calles que rodean la plaza Murillo, donde se encuentra el edificio del
Parlamento y el palacio de gobierno, que fue resguardada por las fuerzas del
orden.

Paro. La ciudad aledaña de El Alto, de donde bajaron miles de
manifestantes, reanudó una huelga general que taponó los accesos a La Paz y las
salidas por carretera hacia el resto del país, informó el jefe departamental de
la Policía, Hernán Jaimes.

Además, un grupo de maestros rurales cortó el
tráfico en la carretera que une La Paz con el centro, el sur y el oriente, a la
altura de la localidad de Caracollo, a 199 kilómetros. En el resto del país las
actividades se desarrollaron con normalidad.

El recrudecimiento de las
protestas tiene como objetivo presionar al Legislativo, que hoy reanuda sus
sesiones para discutir la convocatoria de un referéndum autonómico, demandada
por los líderes de la próspera región de Santa Cruz, en el oriente del país, y
la elección de una Asamblea Constituyente, exigida por los manifestantes.


Exigencias. En un acto público realizado en homenaje a un regimiento del
ejército, Mesa denunció que entre los sectores movilizados existen “grupos
minoritarios” y “líderes irresponsables” que buscan “desestabilizar” el gobierno
y la democracia con una táctica que consiste en que el Parlamento no se pueda
reunir.

“El cierre del Parlamento nacional es un golpe de Estado, no
existe democracia sin Parlamento y cualquier persona, institución grupo o
representante del poder que decida la clausura del Congreso y que de hecho haga
el cierre del Congreso de hecho está dando un golpe de Estado”, manifestó el
presidente.