En su plan por acabar con los “latifundios” y redistribuir las propiedades agrícolas, el Gobierno de Hugo Chávez sigue adelante con su “recuperación de territorios”. El último terreno en sufrir esta confiscación estatal ha sido la finca “El Charcote”, cuyos propietarios amenazan con emplear todos los medios a su alcance para demostrar que no es del Estado, como dice Chávez.

Denominado eufemísticamente “recuperación de territorios”
El presidente venezolano, Hugo Chávez, sigue imparable con su plan para combatir
el latifundio y reorganizar las tierras agrícolas. Y para lograrlo, su Gobierno
continúa adelante con la confiscación de propiedades privadas sin importarle las
críticas de los empresarios venezolanos, que le acusan de perjudicar a la
propiedad privada. La última decisión tomada en este sentido afecta directamente
al rancho ganadero privado “El Charcote”. El Gobierno venezolano ya ha anunciado
su intención de iniciar lo que denomina “recuperación” del rancho, después de
que el secretario de gobernación del estado de Cojedes, Rafael Alemán,
confirmara que ahora estas tierras pertenecen al Estado.

A pesar de las
protestas, la decisión ya está tomada: una comisión formada por representantes
del Gobierno central y de la gobernación de Cojedes se instalará en la finca (de
12.950 hectáreas) para poner en marcha el proceso de “recuperación”. Sin
embargo, el Gobierno de Chaves intenta suavizar la situación asegurando que no
se trata de una expropiación, sino de una recuperación. Y es que según el
Ejecutivo, se ha demostrado que algunos territorios son, en realidad, del
Estado.

Claro que los que no están de acuerdo con esta “teoría” son los
propietarios de la finca El Charcote, cuyos representantes se han apresurado a
preparar sus alegatos para demostrar la titularidad de las tierras. Tienen un
plazo de 60 día para hacerlo, y según su representante, Agropecuaria Flora,
“ejercerán todos los recursos legales que existan dentro del ordenamiento
jurídico venezolano para hacer valer sus derechos”. Es más, los propietarios
aseguran disponer de documentos que demuestran el origen privado de los
terrenos, ubicados en el estado de Cojedes, desde 1920.