El gobierno venezolano declaró “tierras públicas”, y en su mayoría ociosas, a unas 110.000 hectáreas, que representan la casi totalidad del área de cuatro haciendas, y otorgó el derecho de permanencia a los campesinos allí establecidos.

El objetivo del gobierno es recuperar 600 mil
La decisión anunciada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) afecta a las
fincas Piñero, Borge, Sanz y El Charcote, todas ubicadas en los llanos centrales
de Venezuela, el último propiedad de la empresa inglesa Agropecuaria
Agroflora.

La propiedad más grande afectada es la finca Piñero, que tiene
aproximadamente 80.212 hectáreas, dedicado a la ganadería y al turismo ecológico
debido a su bien conservada fauna y flora.

“A través de todos los
procedimientos técnicos y administrativos, el INTI decidió que el Hato Piñero es
de origen baldío de la Nación, puesto que su tradición legal no demuestra
documentos debidamente verificados que determinen propiedad privada de acuerdo a
los criterios del marco legal”, dice una nota oficial.

“Lo importante de
esta decisión es que queda claro que dicho predio no es privado”, sentencia el
organismo.

“Para el primer semestre de 2004 debemos estar recuperando
600.000 hectáreas” de tierras públicas en manos privadas, dijo a la AFP el
presidente del INTI, Eliecer Otaiza.

Otaiza precisó que en la actualidad
“solamente hay como 8 millones de hectáreas demarcadas” que son de la nación y
que “estamos recuperando todos aquellos (terrenos de) supuestos propietarios
privados que invadieron las tierras”.

El organismo informó que el
“Directorio decidió establecer un fundo zamorano en conjunto con la comunidad
asentada en el lugar, como política fundamental para alcanzar la seguridad
alimentaria y el desarrollo rural sustentable de la zona”.

Según ese
instituto, los dueños de estos fundos no pudieron demostrar su propiedad, tal
como lo establece la Ley de Tierras aprobada a finales de 2001.

El tema
de demostrar la propiedad es complejo porque si, por ejemplo, en algún momento
histórico “la cadena titulativa se rompe ya pierde el carácter de privada”,
explicó una fuente del INTI.

Ese organismo informó que entregará
certificados de actividad productiva en las áreas de estas haciendas “donde se
desarrolle una actividad agrícola y pecuaria realmente efectiva”.

Este
certificado “no implica un reconocimiento de la propiedad privada de los
terrenos, ni incluye la aplicación de un impuesto predial en cuanto a lo
establecido en la Ley de Tierras”, agrega el organismo.