El gobierno venezolano advirtió que “se van a arrepentir” los que enfrenten la decisión de tomar por la fuerza el canal privado RCTV. El caudillo se apoderará de la señal el 27 de mayo.

Tomará por la fuerza el Canal RCTV
El viceministro de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior, Tarek El Aissami, fue el encargado de expresar la posición del gobierno de Hugo Chávez, que se lanzó a la cruzada de convencer al mundo de que la medida contra la libertad de expresión sólo se trata de una decisión administrativa.

Sin embargo, las advertencias y las amenazas contra todo lo que consideran influenciado por la oposición fueron en ascenso, pese a que ningún dirigente político ni empresario expresó más que quejas y reclamos institucionales por una decisión que es arbitraria y contraria al respeto por las garantías individuales.

“Si se atreven se van a arrepentir, porque estamos en alerta de forma firme, decisiva y oportuna para enfrentar cualquier hecho”, aseguró el funcionario caribeño, con el claro objetivo de amedrentar a la opinión pública nacional e internacional que resiste esa decisión.

Sin ofrecer detalles sobre la información que tiene el gobierno, el funcionario precisó que no sólo están en alerta las policías, sino también la Fuerza Armada Nacional (FAN).

El próximo 27 de mayo vencerá la concesión de 20 años que tenía el canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) para transmitir por una frecuencia del Estado.

El hueco que dejará RCTV entre las señales abiertas será cubierto de inmediato por una televisión de servicio público que gestionará la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), creada por un decreto presidencial publicado por la Gaceta Oficial del 11 de mayo.

El gobierno señala que el vencimiento de la concesión de RCTV es un mero acto “administrativo”, mientras portavoces del canal aseguran que se trata de una “revancha política” y un amordazamiento de la libertad de expresión.

El ministerio de Comunicación reconoció el derecho de RCTV para seguir emitiendo después del 27 de mayo a través de satélite o cable y de mantener su negocio de telenovelas, de amplio éxito en el mercado latino de Estados Unidos y en el mercado asiático.

Según portavoces oficiales, el presidente de RCTV, Marcel Granier, ha impulsado una campaña internacional, principalmente en Europa y América, para evitar el avasallamiento de la libertad de expresión y de los derechos humanos.

Granier ha asegurado que hay organismos internacionales “muy preocupados” por la presunta orientación “totalitaria” que estaría tomando el gobierno venezolano, dentro de la cual se inscribiría la decisión de no renovarle la concesión a la empresa que dirige.

El ministro de Comunicación, William Lara, adelantó que la nueva señal no será un “clon” de los canales del Estado ni de los privados, aunque incluirá programas cómicos, telenovelas, concursos, películas, deportes, informativos, y también publicidad, pública y privada.

Además, tendrá cobertura nacional, cubrirá sus gastos operativos y sus instalaciones físicas serán muy pequeñas porque recibirá casi toda la programación de productores independientes que ofrecerán sus trabajos listos para ser emitidos.

Organizaciones internacionales, políticas, sociales y de periodistas, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a dueños de medios, o Amnistía Internacional, han protestado por la medida que afecta al canal RCTV, que ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Venezuela.

Del mismo modo, movimientos sociales de varios países, especialmente de Brasil, han expresado su respaldo a la decisión del gobierno venezolano de no renovar el permiso a RCTV.