América, Política

Chile: Orientaciones para la comisión anticorrupción

El sistema adoptado debiera posibilitar y fomentar los aportes ciudadanos en pequeños montos a los proyectos políticos que estimen afines

JORGE RAMIREZ 2014Tras un errático manejo del escándalo Caval, el Ejecutivo apeló a una fórmula de salida transversal para la coyuntura actual de nuestro sistema político: una crisis de confianza y legitimidad derivada de malas prácticas vinculadas principalmente a mecanismos irregulares en el financiamiento de campañas y la existencia de antecedentes en materia de uso de información privilegiada.

De este modo, el Gobierno, a partir de un diseño inteligente, logra con la mirada expertos y representantes de la sociedad civil una fórmula que posibilita una aproximación técnica, pero que es también consciente de la oportunidad política a la hora de restaurar el principio de transparencia y probidad como elementos rectores del ordenamiento institucional y accionar político.

Sin embargo, el principal riesgo de este tipo de instancias dice relación con la capacidad de abstracción y de aplicación de criterios de prudencia en las medidas que se propongan. La tentación de aplicar un maximalismo regulatorio, muy de la mano del clamor popular, no parece ser una fórmula idónea para la eficacia de las normativas adoptadas. Se sebe legislar con razones más que con pasiones, sólo así las nuevas disposiciones serán asimiladas en su integridad.

La comisión también debiera considerar en sus orientaciones los principios de competencia y libertad. Por ejemplo, si en materia de financiamiento de la política el maximalismo regulatorio finalmente se impone, restringiendo a todo evento el aporte de empresas -que debiera permitirse acompañado de reglas claras en materia de publicidad y transparencia-, y se aplican límites demasiado acotados al gasto electoral, los únicos beneficiados serán los candidatos titulares del cargo, puesto que poseen tanto redes políticas como la popularidad que ofrece la vitrina del cargo. Se verán así perjudicados los candidatos que quieran desafiar a esos titulares, quienes no podrán acceder a fuentes de financiamiento para difundir su mensaje y donde los márgenes para poder hacerlo serán también cada vez más limitados, afectando la competitividad del sistema.

Por último, conforme al principio de libertad, el sistema adoptado debiera posibilitar y fomentar los aportes ciudadanos en pequeños montos a los proyectos políticos que estimen afines, resguardando también el derecho a la reserva de la preferencia política, para así evitar potenciales acosos y represalias políticas.

 

Columna de Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, publicada en Medios Regionales de El Mercurio.-

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