Colombia protestó ante Francia por las gestiones de un emisario gubernamental francés con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para obtener la libertad de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permanece secuestrada por la guerrilla.

El gobierno de Uribe no había autorizado ningún contacto con el mando terrorista
“Colombia desea expresar su protesta por considerar que estas conversaciones adelantadas sin la anuencia del gobierno nacional constituyen una injerencia en los asuntos internos de nuestro país”, manifestó el viceministro de Exteriores, Camilo Reyes, en un mensaje fechado el 21 de septiembre al embajador francés en Bogotá, Camille Rohou y divulgado ayer.

“Colombia espera que Francia respete los principios que han regido las relaciones entre ambos países y consulte al Gobierno colombiano antes de adelantar cualquier gestión en ese sentido”, agregó el mensaje.

El delegado de Francia ha sostenido por lo menos dos entrevistas con Raúl Reyes, portavoz y miembro de la cúpula de la guerrilla, según reveló Carlos Lozano, director del semanario comunista ´Voz´, quien consideró “absurda” la posición del Ejecutivo colombiano.

“Esta protesta es una manera de sabotear la gestión de Francia, que estaba muy adelantada para rescatar no solo a Ingrid Betancourt, sino a los demás rehenes”, dijo Lozano. Las FARC tienen secuestradas a otras 58 personas entre dirigentes políticos, policías, militares y tres estadounidenses que trabajaban para el Plan Colombia contra el narcotráfico.

Las gestiones del delegado francés con el portavoz de las FARC para buscar la liberación de los secuestrados comenzaron a mediados de julio y hace tres semanas se celebró una segunda en algún punto del sur del país, explicó Lozano. “Ahora ya ningún emisario francés volverá porque correría peligro ante esta absurda desautorización”, comentó.

El viceministro Reyes afirmó que “Colombia no ha autorizado ningún contacto del representante de las FARC con ese gobierno”. Lozano recordó que el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, comunicó a la prensa a raíz de la primera reunión de julio que estaba autorizada cualquier gestión humanitaria para rescatar a Betancourt y a otros 58 rehenes colombianos y tres estadounidenses.

“En el fondo esta nota de protesta es también una desautorización al ministro Pretelt”, dijo el director de Voz. Las FARC secuestraron a Betancourt, que tiene doble ciudadanía, colombiana y francesa, el 23 de febrero de 2002 mientras adelantaba campaña electoral en las selvas del suroccidente del país, pocos días después de la ruptura de las negociaciones de paz celebradas durante tres años entre la guerrilla y el gobierno colombiano.

Las FARC han ofrecido “canjear” a Betancourt y los demás secuestrados por la excarcelación de centenares de guerrilleros presos, pero el gobierno ha rechazado su exigencia de desmilitarizar dos municipios del suroccidente del país para negociar allí los términos del intercambio.

La negativa del Gobierno colombiano a autorizar las gestiones de Francia, fue rechazada por Juan Carlos Lecompte, esposo de Betancourt. “Si el Gobierno colombiano no hace nada por rescatar a los secuestrados debe permitir que otros gobiernos lo hagan”, manifestó Lecompte.