Un juez ha citado para el próximo 17 de febrero a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que aclara sus denuncias sobre posibles escuchas ilegales del Gobierno a miembros de su partido.
Sospechas sobre el Sitel
María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular (PP), el principal en la oposición, ha sido citada a declarar por el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 para que ratifique o se retracte de sus declaraciones realizadas en verano pasado sobre supuestas escuchas ilegales que el Gobierno estaría realizando a dirigentes y miembros de su formación política.
De Cospedal deberá presentarse el 17 de febrero para responder a la demanda de conciliación interpuesta por los creadores de un grupo en Facebook llamado “De Cospedal debe ser demandada por injurias”. Entre los impulsores de ese grupo, que contaría con más de 4.500 adheridos, se encuentra el concejal del PSOE en Cehegín (Murcia) Carlos Rodríguez Ibáñez.
De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, los demandantes exigen que la secretaria general del PP se retracte en público “de sus manifestaciones en los mismos medios y formas que cuando las realizó”. En caso de no ser capaz de retractarse, los demandantes destacan que De Cospedal debería asumir “las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales.”
Hace dos semanas, en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, De Cospedal ratificó sus declaraciones al ser preguntada si seguía teniendo la sensación de que se estaba escuchando a dirigentes del PP. Entonces, hizo referencia al debate sobre el sistema de interceptación de telecomunicaciones (Sitel) y dijo que el “el PP sabía muy bien lo que decía” cuando hizo esa denuncia.
Y entonces, se quejó: “Fíjese si teníamos la sensación, que hemos conocido todos el asunto Sitel, hemos solicitado que sea regulado por ley orgánica. Todo el ámbito judicial ha dicho que eso era lo más oportuno, la regulación por ley orgánica de la limitación del derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Sin embargo el Gobierno no ha querido.”
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