Aún no se disipaba la nube de polvo sobre los escombros de las Torres Gemelas y ya todos advertían que el mundo había cambiado radicalemnte. Durante algo más de una década, desde el final incruento de la Guerra Fría, el optimismo había cedido a los conflictos del Golfo Pérsico en 1991, Bosnia y Kosovo.

Seguridad
Al-Qaeda, la organización terrorista islámica liderada por Osama Bin Laden, un millonario saudita que había sido entrenado por la misma CIA para pelear contra los soviéticos en Afganistán, eligió atacar aquel 11 de septiembre de 2001 dos símbolos de la cultura y el poder norteamericanos: el World Trade Center y el Pentágono. Al día siguiente, el presidente de EEUU, George W. Bush, definió los atentados como “actos de guerra”. Una semana después dijo ante el Congreso que cada nación “tiene que tomar una decisión. Están de nuestro lado, o están del lado de los terroristas. A partir de hoy, cualquier nación que continúe albergando o apoyando al terrorismo será considerada un régimen hostil por los Estados Unidos”.

Aquellas palabras fueron una señal anticipada de la cadena de acontecimientos que, un año y medio más tarde, terminaría en una lluvia de bombas sobre la mítica Bagdad y quebraría el orden internacional que el mundo había conocido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces las miles de vidas inocentes segadas por los terroristas atraían hacia EEUU el apoyo general. “Todos somos Americanos”, había titulado el diario Le Monde.

La guerra de Afganistán

EEUU exigió al gobierno talibán de Afganistán la entrega de los miembros de Al-Qaeda, a quienes protegía, y acceso pleno a los campamentos terroristas ocultos en su escarpado territorio. Ante la falta de respuesta, el 7 de octubre de 2001 EEUU y Gran Bretaña iniciaron los bombardeos de Kabul, Kandahar y Jalalabad. Sólo los británicos acompañaban a EEUU, pero la operación contaba con un respaldo global. La Unión Europea declaró que una respuesta militar norteamericana a los atentados estaba legitimada por la resolución 1.368 de las Naciones Unidas, aprobada por el Consejo de Seguridad el 12 de septiembre. Países de Europa y Medio Oriente otorgaron a EEUU derechos de tránsito aéreo. En un gesto simbólico, la Organización de Estados Americanos votó la aplicación del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca.

Con los primeros raids aéreos, Bush advirtió que “hoy nos concentramos en Afganistán, pero la batalla es más amplia” . En una carta al Consejo de Seguridad, EEUU adelantó que podría tener que atacar a otros grupos terroristas y países para autodefenderse. Todas las miradas se dirigieron hacia Irak. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó su preocupación. Los 22 miembros de la Liga Árabe rechazaron “cualquier ataque contra cualquier país árabe”.

La campaña de Afganistán fue breve. El 13 de noviembre, la Alianza del Norte, una coalición de etnias opositoras al régimen talibán, tomó el control de Kabul. EEUU no pudo, sin embargo, capturar a Osama Bin Laden ni al líder de los talibanes, el mullah Mohamed Omar.

Francia y Alemania toman distancia Entre las medidas de lucha contra el terrorismo, EEUU creó una oficina de seguridad interna, presidida por el ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge; aumentó los controles en aeropuertos, oficinas postales, costas y fronteras, así como en el transporte de materiales peligrosos; estrechó la vigilancia sobre las comunicaciones electrónicas y por teléfonos celulares; tomó nuevos recaudos contra el fraude financiero, el contrabando y el lavado de dinero; endureció la política inmigratoria; adoptó planes para desarrollar vacunas contra el ántrax y otras amenazas biológicas y para una respuesta rápida ante emergencias.

En enero de 2002, Bush anunció ante el Congreso el objetivo de “prevenir que los regímenes que respaldan el terror amenacen a los Estados Unidos o a nuestros amigos y aliados con armas de destrucción masiva”. Afirmó que “aún existen campamentos (terroristas) en por lo menos una docena de países” y nombró a “grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islámica, Jaish-i-Mohammed”.

Mencionó a Corea del Norte, Irán e Irak. “Estados como éstos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que se arma para amenazar la paz del mundo. Al procurar conseguir armas de destrucción masiva, estos regímenes posan un peligro grave y creciente”, pues “podrían proporcionar estas armas a los terroristas” .

En los días posteriores a este discurso se multiplicaron las versiones de una posible intervención militar en Irak. Y el 6 de febrero, el canciller francés, Hubert Védrine, hizo pública la división que se había abierto en el Atlántico al señalar que “estamos amenazados por un nuevo simplismo que consiste en reducir todo a la guerra contra el terrorismo”. Su par alemán, Joschka Fischer, también calificó el enfoque norteamericano como “demasiado simplista”.

“Estados Unidos -alegó Védrine- tiene la tendencia de abordar asuntos globales unilateralmente, sin consultar a nadie”. Esa “no es nuestra visión del mundo, no es nuestra visión de las relaciones internacionales y no es nuestra visión de la globalización”. El canciller del primer ministro socialista Lionel Jospin había acuñado el término “hiperpotencia”, rápidamente adoptado por los intelectuales franceses, para describir la situación de hegemonía alcanzada por EEUU cuando transcurría la presidencia de Bill Clinton. “Los europeos son unánimes en no apoyar la política de la Casa Blanca en Oriente Medio”, abundaba Védrine, que dejaría su puesto a Dominique de Villepin en mayo de 2002, cuando fue reelecto el presidente Jacques Chirac y asumió como primer ministro el centrista Jean-Pierre Raffarin. “Nosotros pensamos que es un error ciego aceptar una política de pura represión como la conducida por (el premier israelí) Ariel Sharon”.

La llamada “Intifada de Al Aqsa”, el segundo levantamiento palestino, mucho más violento que el primero de 1987, duraba ya un año y medio. En marzo de 2002, mientras recrudecían los ataques suicidas palestinos, las fuerzas israelíes entraron en Cisjordania y sitiaron la sede de Yasser Arafat en Ramallah. El cerco se levantaría un mes después, cuando Sharon aceptó una propuesta de Bush por la cual seis palestinos buscados por Israel -entre ellos los implicados en el asesinato del ministro de turismo, el ortodoxo Rejavam Zeevi- serían custodiados por estadounidenses y británicos en una cárcel palestina. EEUU y la Unión Europea presionaban a Arafat para que encarara reformas democráticas y tanto Bush como Sharon buscaban que diera un paso al costado. El 28 de marzo, una cumbre árabe aprobó en Beirut una iniciativa de paz del principe heredero de Arabia Saudita, Abdulá Bin Abdelaziz, que propone un reconocimiento panárabe del Estado judío a cambio del retiro completo de Israel a sus fronteras previas a la guerra de 1967.

El concepto de “acción preventiva”

Buscando apoyo para su política, Bush realizó en mayo una gira por Alemania, Francia, Italia y Rusia. El 1 de junio, al hablar en la Academia Militar de West Point, anticipó los conceptos centrales de la nueva estrategia de seguridad nacional que anunciaría formalmente cuatro meses después. Dijo que “nuestra guerra contra el terror sólo ha comenzado” y que “defenderemos la paz contra las amenazas de los terroristas y los tiranos”. El peligro más grave, advirtió, surge de la intersección de “radicalismo y tecnología”. La defensa de EEUU ya no podía descansar solamente en las estrategias de “contención” y “disuasión” utilizadas durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

En la declaración que encendería más controversia, subrayó que los estadounidenses debían “estar listos para la acción preventiva cuando sea necesaria para defender nuestra libertad y nuestras vidas”. También que Estados Unidos “tiene, e intenta mantener, fortalezas militares más allá de cualquier reto, para hacer inútiles las desestabilizadoras carreras armamentistas de otras eras”. En agosto, Saddam Hussein abrió la guerra verbal con EEUU. “Las fuerzas del mal cargarán con sus ataúdes al hombro para morir en un fracaso desgraciado”, profetizó en un discurso televisado. Aunque voceros estadounidenses decían que Bush aún no había decidido una línea de acción hacia Irak, una encuesta del Washington Post y la cadena ABC reveló que el 57% de los norteamericanos apoyaba una invasión terrestre a ese país.

Pronto se advirtió que las posiciones más moderadas del secretario de estado, Colin Powell, estaban perdiendo terreno frente al ala dura del gobierno. “No podemos permitirnos el lujo de no hacer nada respecto a Irak”, insinuó a la BBC la consejera de seguridad, Condoleezza Rice, para quien “un cambio de régimen” en Bagdad estaba justificado “desde el punto de vista moral”. El vicepresidente Dick Cheney opinó que “la inacción es más riesgosa que la acción” y que “no hay dudas de que Saddam Hussein ya tiene armas de destrucción masiva”.

La Unión Europea llamó a Irak a permitir el regreso de los inspectores de armas de la Naciones Unidas, con los que había interrumpido su cooperación en 1998. El presidente francés, Jacques Chirac, dijo que si Hussein se negaba a colaborar los pasos siguientes debían decidirse en el Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller alemán, Gerard Schroeder, que afrontaba en septiembre elecciones parlamentarias, hizo del tema uno de los ejes de campaña. Adelantó que su país, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, “no participará de una intervención en Irak”. La coalición oficialista de socialdemócratas y verdes venció finalmente a los conservadores y liberales.

En una reunión del grupo de países más industrializados (G8), los europeos también dejaron traslucir su disconformidad con la política de la administración norteamericana contraria a diversos convenios multilaterales. EEUU se retiró del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático y buscaba acuerdos bilaterales para que sus ciudadanos no fueran juzgados por el recién creado Tribunal Penal Internacional.

“No hacer nada sobre el serio peligro que implica Irak no es una opción para nosotros”, declaró Bush. Aunque según Powell había “muchas visiones en el seno del gobierno”, el presidente anticipó que en el momento oportuno requiriría la aprobación del Congreso sobre “cómo derrocar” a Hussein. La Liga Árabe pidió a Irak que siguiera dialogando con la ONU para cumplir todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, así como el levantamiento de las sanciones que le habían sido impuestas a ese país desde la primera Guerra del Golfo.

Las diferencias en la Unión Europea A medida que aumentaba la certeza de una intervención norteamericana en Irak, también se hicieron explícitas las diferencias en el seno de la Unión Europea. El primer ministro Tony Blair asintió cuando la BBC le preguntó si Gran Bretaña estaba dispuesta a “pagar con sangre” su especial relación con Washington. “Estamos listos para estar ahí cuando empiecen los tiros”, dijo Blair, a pesar de la oposición generalizada a la guerra en la opinión pública y de las resistencias en el parlamento. El 7 de septiembre Blair se reunió con Bush en Camp David. Luego del encuentro, el mandatario estadounidense aseveró que había pruebas suficientes, entre ellas imágenes satelitales de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva.

Simultáneamente, Chirac y Schroeder coincidieron en Alemania en que cualquier decisión correspondía al Consejo de Seguridad de la ONU. En una entrevista con The New York Times, el presidente francés opinó que la doctrina de los ataques preventivos anticipada por Bush era “extraordinariamente peligrosa”. “Una acción preventiva puede emprenderse si parece necesario -subrayó-, pero debe llevarla a cabo la comunidad internacional, que hoy está representada por el Consejo de Seguridad”. Insistió en que antes debían volver a Irak los inspectores de la ONU y que él, hasta el momento, no había visto pruebas de que el país árabe tuviera armas de destrucción masiva.

El 12 de septiembre, a un año de los atentados, Bush habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Volvió a acusar a Irak de “proteger y respaldar” a organizaciones terroristas. Señaló que “colaboraremos con el Consejo de Seguridad” en las resoluciones necesarias, pero que si no se cumplían “la acción será inevitable”.

Al día siguiente precisó que el Consejo de Seguridad debía exigir el desarme incondicional e inmediato de Irak en un lapso de días o semanas. “La ONU merece otra chance para demostrar su relevancia”, consideró. “Pero si nosotros tenemos que lidiar solos con el problema, lo haremos”. Pronto recibiría el apoyo público de otro gobierno europeo. En España, donde la opinión pública era abrumadoramente contraria a una acción militar, el presidente de gobierno José María Aznar declaró que su país favorecía la máxima presión diplomática, pero que “lo importante y determinante es terminar con la amenaza que el terrorismo supone para todos”.

El régimen iraquí reaccionó a la creciente presión anunciando que aceptaría un regreso incondicional de los inspectores de la ONU. Una nueva doctrina de defensa nacional El 20 de septiembre Bush comunicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional en un texto que, en cumplimiento de una ley de 1986, los gobiernos elevan anualmente al Congreso. El documento declara que la amenaza más grave para EEUU surge de la intersección de “radicalismo y tecnología”, representada por los grupos terroristas diseminados por el mundo y los “estados canallas” que los apoyan y buscan obtener armas de destrucción masiva.

Frente a estos enemigos, unos dispuestos a suicidarse, otros a “jugar con la vida de sus pueblos”, no es suficiente la estrategia de disuasión que funcionó durante la Guerra Fría. EEUU, si es necesario, los “atacará preventivamente”, aunque “subsista incertidumbre en cuanto al momento y el lugar” de la agresión enemiga. Reitera además que el poderío militar estadounidense será mantenido “más allá de cualquier reto”

En Londres, Blair difundió un informe basado en datos de inteligencia que, sin presentar pruebas concretas, aseguraba que Irak había desarrollado planes para utilizar armas químicas y biológicas y aprendido a ocultar equipos y documentación a los inspectores de Naciones Unidas. El secretario de defensa, Donald Rumsfeld, uno de los “halcones” del gobierno norteamericano, afirmó que la ferviente oposición a la guerra por parte de Schroeder, cuya coalición se había impuesto en elecciones parlamentarias, había “envenenado las relaciones” entre Estados Unidos y Alemania.

Mientras continuaba la escalada de declaraciones e informes, trascendían en la prensa los detalles de las operaciones militares planeadas. Entre los congresistas, políticos, artistas y académicos norteamericanos surgieron voces de oposición. Miles de intelectuales -entre los que se encontraban Susan Sontag, Edward Said y Noam Chomsky- lanzaron la iniciativa “No en nuestro nombre”, en la que llamaron a los estadounidenses a resistir y “oponerse a a la injusta, inmoral e ilegítima guerra y represión que la administración Bush lanza contra el mundo”.

El ex candidato demócrata a la presidencia Al Gore fue uno de los más críticos. Un ataque unilateral contra Irak podía “dañar seriamente” la capacidad de lograr la “amplia y continua cooperación internacional” necesaria para ganar la guerra contra el terrorismo, vaticinó. Además, la nueva doctrina de seguridad nacional “no sólo celebra las fortalezas americanas, sino que parece estar glorificando la noción de predominio”. El 28 de septiembre, 250 mil personas participaron en Londres de una marcha antibélica. El ex presidente Jimmy Carter, que recibió en octubre el Premio Nobel de la Paz , opinó que “el desarme de Irak debería llevarse a cabo a través de las Naciones Unidas”. Y más tarde, al recibir el galardón, dijo que la adopción del “principio de guerra preventiva” por parte de países poderosos creaba “un precedente que puede tener consecuencias catastróficas”.

Las negociaciones en el Consejo de Seguridad A principios de octubre, las Naciones Unidas e Irak se acercaban a un acuerdo para que Bagdad recibiera a los inspectores de armas bajo las condiciones establecidas en las resoluciones vigentes de la ONU. EEUU propuso, sin embargo, una nueva resolución, que incluyera un mandato distinto para los inspectores y previera el uso de la fuerza si Bagdad no cooperaba. Chirac y Schroeder se opusieron a que una disposición marcara “el carácter automático de una intervención militar”. Para Chirac el uso de la fuerza debía ser motivo de una resolución específica, si la misión de los inspectores fracasaba. No opinó lo mismo Tony Blair: “Una diplomacia que no es respaldada por la fuerza, cuando tiene que enfrentarse a un dictador, no sólo es inútil sino a menudo contraproducente”. En un discurso televisado, Bush dijo que Hussein “debe desarmarse o, por el bien de la paz, encabezaremos una coalición para desarmarle”. Luego logró la autorización del Congreso para recurrir a la fuerza si juzgaba que los medios diplomáticos no eran suficientes.

Poco después, Washington denunció que Corea del Norte, uno de los países mencionados por Bush dentro del “eje del mal”, mantenía un programa secreto para desarrollar armas nucleares, violando un acuerdo firmado en 1994 entre ambos países. Pyongyan se había comprometido en ese tratado a congelar su programa de armas nucleares a cambio de dos reactores de agua ligera y del suministro internacional de petróleo para la producción de electricidad. EEUU consideró anulado el acuerdo y dejó de enviar petróleo, aunque aseveró que esperaba solucionar el problema en forma pacífica. La política del gobierno norteamericano hacia Irak recibió un fuerte respaldo interno en noviembre, cuando en elecciones legislativas los republicanos conservaron el control de la cámara de representantes y ganaron el del senado.

Al cabo de trabajosas negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el 7 de noviembre la resolución 1.441, que daba a Irak “una última oportunidad de cumplir con sus obligaciones de desarme”. Fijaba un régimen de inspecciones más severo y, aunque no autorizaba explícitamente el uso de la fuerza -como quería EEUU con la oposición de Francia, Rusia y China-, amenazaba con “graves consecuencias”. La fecha límite para la presentación del informe final de los inspectores era el 21 de febrero de 2003.

La aprobación de la resolución 1.441 fue un triunfo personal de Powell, quien venía insistiendo en que su gobierno debía buscar el respaldo internacional. Irak aceptó la disposición “sin reservas ni condiciones” y una semana más tarde los inspectores comenzaron sus actividades. Bush remarcó que “el dictador se desarmará o Estados Unidos liderará una coalición y lo desarmará. Seremos un poder abrumador”. Los grupos antiglobalización organizaron el 9 de noviembre en Florencia, donde se realizaba el Foro Social Europeo, una marcha de siete horas contra la guerra, de la que participaron medio millón de manifestantes.

Irak presentó el 7 de diciembre, como exigía la resolución de la ONU, un informe de casi 12 mil páginas sobre sus programas nuclear, químico, biológico y misilístico, donde afirmaba no tener ya armas de destrucción masiva. EEUU rechazó el documento argumentando que éste eludía cuestiones centrales sobre los arsenales. También el jefe de los inspectores, Hans Blix, indicó que “gran parte del informe fue una repetición” de lo que ya se sabía.

Fuente: Cambio Cultural