Según una encuesta realizada por UPS Europe Business Monitor más del 65% de los empresarios belgas y británicos, se mostraron preocupados ante esa situación de desventaja competitiva de la economía comunitaria. Por otro lado, un informe de Price Waterhouse Coopers dice que España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superarán el umbral comprometido en el año 2012. La consultora consideró “casi imposible” que España cumpla con las exigencias.

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El 64% de los directivos españoles y el 59% del conjunto de empresarios europeos muestran su preocupación por la pérdida de competitividad de la economía de la UE por la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, respecto a Estados Unidos, país que no ha ratificado la normativa.

Según una encuesta realizada por UPS Europe Business Monitor que publicó Europa Press, el 69 y el 65% de los empresarios belgas y británicos, respectivamente, se mostraron preocupados ante esa situación de desventaja competitiva de la economía comunitaria.

Asimismo, el 48% de los directivos europeos creen que otra de las consecuencias del cumplimiento de Protocolo de Kioto es el incremento de los costes, cifra que asciende en Bélgica y España hasta el 74 y el 58%, respectivamente.

No obstante, el 49% de los empresarios españoles cree que el cumplimiento del Protocolo traerá beneficios medioambientales, frente al 54% de la media europea.

Exigencias excesivas

El compromiso de Kioto exige a España reducir sus emisiones per cápita un 15%, frente a exigencias de reducción inferiores al 10% para la mayoría de los países. Para Lorenzo Bernardo de Quirós, “la discriminación se introduce también dentro del propio sector eléctrico en forma de una hipotética igualdad de trato, expresión clara del viejo lema “café para todos”, que no distingue entre las corporaciones que anticiparon el cambio estructural, por ejemplo Iberdrola, y aquellas otras que, por visión alicorta o por simple incompetencia, no abordaron la reestructuración de su aparato productivo. Ahora se ven obligadas a hacer en tiempo récord lo que no han sido capaces de acometer en años. Se trata de castigar a quienes sacrificaron beneficios a corto para invertir en competitividad a largo y premiar a quienes no se ajustaron cuando debieron hacerlo.”

Según su punto de vista, la energía nuclear es mucho barata y eficiente: “Si se quiere ayudar a que los dinosaurios eléctricos se modernicen sin pagar precio alguno, extremo poco presentable, es mejor subvencionarles directamente que distorsionar el mercado penalizando a las corporaciones eficientes. Por cierto, ¿no sería sensato replantearse la infantil obsesión antinuclear si se quiere una energía limpia y una oferta energética autónoma y suficiente para satisfacer la demanda?”

Las empresas podrían irse a otros países

Esto puede ocasionar que muchas empresas huyan del país. Fuentes del sector eléctrico advirtieron el año pasado que el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión debe permitir el mantenimiento del nivel actual de emisiones ya que, de lo contrario, los productores no tendrán más opciones que cerrar su instalación y optar por la deslocalización (trasladar su producción a otros países).

El sector eléctrico ha invertido más de 11.000 millones de euros desde 1990 en medidas de mejora medioambiental, lo que se ha traducido en una reducción del 14 por ciento de sus emisiones. El sector cementero también ha introducido numerosas medidas de eficiencia energética que han permitido reducir sus emisiones un 2 por ciento, pese ha haber registrado un incremento de la demanda del 28 por ciento.

Ejemplos similares se pueden encontrar en el resto de sectores incluidos en la Directiva, a excepción del refino. Así, el sector siderúrgico ha reducido desde 1990 en un 10 por ciento el consumo de energía necesario para producir una tonelada de acero; el sector azulejero produce con las mejores técnicas disponibles, y la eficiencia energética en la fabricación de papel ha mejorado un 13 por ciento desde los años 90.

Sectores afectados

Los sectores afectados han tenido las reacciones más diversas: desde las amenazas con la deslocalización al anuncio del incumplimiento, hasta lamerse las heridas con las nuevas estimaciones de pérdidas. Entre las afectadas, destacan compañías siderúrgicas, eléctricas, cementeras, papeleras, fabricantes de vidrio o de ladrillos, refinadoras de petróleo, coquerías, producción y transformación de metales, fabricantes de automóviles, productores de papel y cartón. Éstas, las primeras compañías bajo la espada de Damocles, se han apresurado a señalar que los llamados “sectores difusos”, como el del transporte o el residencial, son responsables del 50% de las emisiones de gases efecto invernadero. El transporte por carretera, privilegiado en lugar del ferrocarril, o el boom inmobiliario y los sistemas centrales de calefacción han sido culpados también del aumento de la contaminación.

Según un informe de Price Waterhouse Coopers, España deberá financiar la emisión de 123 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que superarán el umbral comprometido en el año 2012. La consultora consideró “casi imposible” que España cumpla con las exigencias, y estimó que cumplir con los objetivos pactados en la UE en el marco del Protocolo de Kioto costará a España un mínimo de 19.123 millones de euros, lo que supondría desembolso anual que duplica lo que ingresó España por Fondos de Cohesión en 2003.

El sector eléctrico presenta diferencias en cuanto a las empresas que lo integran. Así, Iberdrola defiende el contenido actual del Protocolo, mientras que Endesa (apoyada por Unión Fenosa, Cantábrico y Viesgo) pide que el sector eléctrico pueda superar en un 20% el nivel máximo de emisiones fijado en Kioto. En este momento, gran parte de la siderurgia generada a partir de los gases de altos hornos supera los límites de emisiones de CO2 previstos por Kioto. Esta situación es calificada como injusta por las siderúrgicas.

Las empresas tendrán fijados unos límites a la contaminación, según un plan elaborado por el Ministerio de Economía español. Si los superan, pueden acudir al mercado a comprar excedentes de otras empresas que no rebasen sus niveles. Hasta 100 euros por tonelada de más emitida, podrá ser la multa impuesta a las empresas.

El Protocolo de Kioto presenta también otras contradicciones. Por ejemplo, hay sectores como son los transportes que no se encuentran incluidos en Kioto y que son muy contaminantes.