No descartan que la administración española pudiera, sin anunciarlo, “disminuir los requisitos para maquillar las cifras finales e incluso, proceder a la regularización de muchos solicitantes aún no cumpliendo los requisitos”. Esto que es una “esperanza” objetiva de muchos “sería catastrófico en el medio plazo y el efecto llamada imparable con graves consecuencias sociales y de convivencia”.

Asociaciones de inmigrantes en Madrid
Según ha podido saber Diario Exterior representantes de asociaciones de inmigrantes madrileñas, que prefieren guardar el anonimato, ante posibles represalias y la no consecución de fondos del ministerio de trabajo para ayudar a sus compatriotas, consideran un “absoluto fracaso la política del ministro Caldera y el actual proceso de regularización”. Han indicado que el efecto llamada está siendo espectacular y sobre todo señalado, el hecho de “la enorme presión social que el gobierno socialista tendrá cuando no se cumplan las expectativas de regularización”. Opinan también que no se cumplirán estas expectativas ante las “dificultades para demostrar tener un puesto de trabajo” y denuncian que “se están produciendo despidos, sobre todo, en el servicio doméstico ante el temor de las familias españolas a ser denunciados y represaliados por las autoridades laborales”.

Para estos, “en España se estarían produciendo ya graves problemas de integración y rechazo de colectivos de inmigrantes a pesar del enorme esfuerzo y recursos que las diferentes administraciones están destinando a las políticas sociales”. Consideran irresponsable la utilización política del fenómeno de la inmigración pero apuntan como “responsable de ello al partido socialista por romper el consenso alcanzado en la reforma de la ley de extranjería, hacer tabla rasa de las políticas anteriores e imponer un reglamento que no tiene, pese a lo que se diga, un consenso general, es imprudente e incluso en muchos de sus aspectos irresponsable”.

Los colectivos de inmigrantes creen que detrás de todo está la intención del gobierno de “utilizar a la población inmigrante en las próximas elecciones municipales” y que esa especie de “discriminación positiva” que se advierte en los discursos del gobierno y sus responsables para con los inmigrantes frente a la población española “está provocando signos preocupantes de general rechazo e incluso brotes de racismo y xenofobia”.

El pasado 4 de Marzo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, rebajaba la cifra repetidamente anunciada e informaba “que de seguir la actual tendencia se superarán las 300.000”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Caldera señaló que el Gobierno “nunca” ha hecho previsiones sobre el posible número de legalizaciones: “siempre dijo que había un número de personas, de acuerdo con el padrón, que eran irregulares en España, pero todas ellas no están en disposición de trabajar, son bastantes menos”. Desde otros medios se recordaba al ministro sus críticas al anterior gobierno y los datos esgrimidos sobre la existencia de un millón de irregulares en la economía sumergida, que formarían parte de la economía regular con las medidas impulsadas.

UGT y CCOO, sindicatos que junto al gobierno han impulsado el nuevo reglamento, consideran que el fracaso o éxito del proceso de regularización de inmigrantes no se mide por las solicitudes y responsabilizan a los empresarios españoles de un eventual fracaso del proceso. Para la secretaria confederal de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, los tres meses habilitados por el Gobierno son una oportunidad para “un compromiso real” del empresariado. Por su parte el secretario de Migraciones de Comisiones Obreras, Julio Ruiz, ha manifestado que el proceso “es positivo” tenga el resultado que tenga, tanto si fueran 800.000 como 700.000, pero si al final son 300.000 “también es bueno porque serán 300.000” los que salgan de la economía sumergida. Ruiz ha recordado al gobierno que debe permitir un documento alternativo al certificado del empadronamiento para acreditar la estancia en España antes del 7 de agosto de 2004.

En este sentido los colectivos de inmigrantes consultados por Diario Exterior no descartan que la administración española pudiera, sin anunciarlo, “disminuir los requisitos para maquillar las cifras finales e incluso, proceder a la regularización de muchos solicitantes aún no cumpliendo los requisitos”. Esto que es una “esperanza” objetiva de muchos “sería catastrófico en el medio plazo y el efecto llamada imparable con graves consecuencias sociales y de convivencia”.