Se suele olvidar la importancia del desarrollo de infraestructura para lidiar con la escasez de agua.
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Lunes, 09 de diciembre 2024
Se suele olvidar la importancia del desarrollo de infraestructura para lidiar con la escasez de agua.
La escasez hídrica no necesariamente constituye una situación permanente. Varios países han logrado superar su condición deficitaria con decisión política y medidas concretas. “La solución a la escasez es multidimensional y no se debe abordar desde una única mirada. Inciden en ello aspectos institucionales, de gestión y el desarrollo de infraestructura”, asegura Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.
En materia institucional y de gestión, existen una serie de desafíos para Chile que aún siguen pendientes. Se requiere fortalecer la Dirección General de Aguas (DGA) para cumplir sus funciones de forma más adecuada, como también fortalecer las organizaciones de usuarios (Juntas de Vigilancia) para mejorar la gestión privada. Se deben mejorar además los sistemas de información sobre disponibilidad y calidad de las aguas; perfeccionar la coordinación intra e inter sectorial; potenciar los mecanismos de resolución de conflictos; y perfeccionar los mercados del agua con mayor información y transparencia, por nombrar solo algunos.
Sin embargo, se suele olvidar la importancia del desarrollo de infraestructura para lidiar con la escasez de agua y, eventualmente, poder superarla. La experiencia internacional da cuenta no solo de cómo se pueden aprovechar mejor los recursos disponibles, sino también que se puede optimizar la distribución del agua a lo largo del territorio.
La inversión en infraestructura involucra distintas obras. En primer lugar, se encuentra la inversión en capacidad de almacenamiento, en forma de embalses grandes, medianos y pequeños. Estos permiten el mejor aprovechamiento de las aguas a través de la acumulación y posterior uso, lo que aumenta la disponibilidad y seguridad del recurso, y además fortalece la resiliencia del país ante una posible mayor volatilidad climática futura.
Los embalses pequeños normalmente no encuentran mayor dificultad para su desarrollo con financiación privado, a diferencia de los embalses medianos y grandes que tradicionalmente han requerido de recursos públicos o financiamiento compartido. Los sucesivos gobiernos han tenido un diagnóstico común que requiere avanzar en la construcción de embalses, pero se han encontrado con dificultades para llevar a cabo dichas inversiones, especialmente de carácter presupuestario. “Resulta, por tanto, clave avanzar en el diseño de nuevos proyectos que permitan allegar recursos privados para potenciar la inversión en infraestructura hídrica”, dice Jiménez.
Experiencias en Perú e incluso proyectos menores en Chile, como Pampa Concordia 13, demuestran que existen oportunidades de cooperación público-privada que no solo pueden dar curso a la inversión requerida, sino que además abren oportunidades de desarrollo interesantes al extender los suelos regables y/o promover proyectos hidroeléctricos, mineros, etc.
Pero, no solo se trata de construir embalses nuevos para el almacenamiento de agua, sino también de invertir en canales que permitan transportar el recurso. Eso incluye recursos para impermeabilizar, monitorear y tecnificar el riego. En Chile, las inversiones realizadas en el sector agrícola parecen aún insuficientes, debiendo estudiarse mejores incentivos para el aprovechamiento más eficiente del recurso hídrico en este rubro.
En el sector sanitario, la inversión privada ha permitido grandes avances, pero es
posible dar pasos adicionales para promover la inversión en infraestructura hídrica. Así, por ejemplo, resulta razonable buscar fórmulas que permitan el desarrollo servicios relacionados que, con una razonable compartición de utilidades con los clientes finales, promuevan dichas inversiones. Lo anterior dice relación directa con el desarrollo de plantas de desalinización. Esto, por cuanto existen economías de escala que hacen que estos proyectos solo puedan rentabilizarse en la medida que sean utilizables en distintas actividades. En la medida que no existan trabas o limitaciones normativas excesivas a su uso multipropósito, es probable que surjan más iniciativas de inversión en este tipo de plantas.
La infiltración de acuíferos es otra área donde se requiere avanzar. Esta tecnología ha empezado a crecer a través de varios proyectos piloto, pero aún falta mucho para poder desarrollar su potencial en Chile. El año 2013 se publicó el Decreto Supremo N° 203 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba el reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, cuyo Numeral 8 del Capítulo 2 se refiere a la recarga artificial. Es de esperar que esta técnica pueda prosperar, puesto que constituye una opción atractiva para aumentar la capacidad de almacenamiento del país.
Finalmente, en materia de transporte hídrico de gran escala, resulta alentador constatar que los proyectos privados presentados a la fecha han ido superando etapas en materia de estudios de factibilidad técnica y económica. No obstante, obras de tal envergadura requieren de algún grado de involucramiento del Estado, sea en términos de agilización de permisos, tramitación ambiental o recursos focalizados a favor de los potenciales usuarios más vulnerables.
“En síntesis, la escasez del agua es relativa, pues guarda estrecha relación con la inversión que realizan los países para aumentar su disponibilidad y mejorar su aprovechamiento”, señala la Subdirectora de Políticas Públicas de LyD. No se trata solo de avanzar en embalses largamente comprometidos pero incomprensiblemente postergados, sino además de evaluar propuestas novedosas que permitan, entre otros, trasportar el recurso desde donde abunda hacia donde escasea (carreteras hídricas), eliminar barreras normativas que desincentivan el desarrollo de obras multipropósito (desaladoras) y alentar nuevas formas de almacenamiento (infiltración de acuíferos), que permitan vencer las restricciones existentes.
Es hacia allá donde debe avanzar la política pública, no así en modificaciones legales o constitucionales como las que hoy se tramitan en el Congreso. En efecto, es condición necesaria para el desarrollo de obras de infraestructura que exista un marco jurídico apropiado. Por ello causa preocupación la Reforma Constitucional sobre el dominio público de las aguas y el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que modifica el Código de Aguas, dado el impacto que podría tener en la gestión y en la actividad productiva. “Esas iniciativas no resuelven ninguno de los problemas de escasez existentes y, en cambio, atentan contra la certeza jurídica que requiere el desarrollo de actividades económicas y la inversión en obras. El marco jurídico debe dar garantías suficientes para que las inversiones realizadas sean apropiables y que los derechos de propiedad sean protegidos”, apunta Susana Jiménez. Iniciativas tendientes a relativizar los derechos de aprovechamiento de agua no favorecen el desarrollo de inversiones como las que se han planteado.
© LyD
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