América, Economía y Sociedad

Fontaine: “En 10 años los sueldos en Chile serán 5% menores de lo que iban a ser”

“Discrepo de muchos estudios y cifras que he visto, incluidas las del ministro de Hacienda”

No considero que las bajas pensiones sean consecuencia de que el sistema de capitalización individual opere mal. Son consecuencia del ahorro insuficiente y de un pilar solidario mezquino. Pero ni la magnitud del ahorro que recibe el sistema, ni el pilar solidario son responsabilidad del diseño del sistema de capitalización individual. El problema tiene más bien que ver con el comportamiento de las personas y un mercado laboral que funciona mal”, afirma el consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, y ex ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine

Tiene 62 años, y aunque estuvo muchos años cotizando en una de las principales AFP de la industria —jamás se cambió de administradora ni de fondo—, ahora lo hace por su cuenta, desde que dejó de percibir un salario y es parte de los independientes que todavía no están obligados a ahorrar. “Hago mi propia previsión”, dice sin dar más detalles. Pese a ello, no ha estado ajeno a la discusión sobre las propuestas que anunció la Presidenta el martes de la semana pasada

—La Presidenta anunció un 5% de cotización adicional a cargo del empleador. Ahora está en discusión dónde va ese dinero: ¿A un fondo solidario como planteó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, a las cuentas individuales, como sugirió el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara?

—Si el 5% adicional de cotización no va a las cuentas individuales —o cualquier porcentaje que no se destine a ellas, acota— es claramente un impuesto que se destinaría a una suerte de subsistema de reparto. Ese 5% lo pagarán los trabajadores. Ergo, discrepo de muchos estudios y cifras que he visto, incluidas las del ministro de Hacienda, respecto del costo fiscal de US$ 1.500 millones por esta medida, porque las empresas verían reducidas en parte sus utilidades y pagarían menos impuestos de primera categoría, pero no hay tal. Las empresas no verán reducidas sus utilidades porque caerán los salarios líquidos, y en el escenario más probable tratándose de un impuesto que afectaría a todos los trabajadores, asalariados e independientes, es que esa caída es equivalente al 5%. Esto no es un impuesto al capital, es un impuesto al trabajo.

“¿Cómo reaccionarían la CUT o la ANEF?”

—En una carta a El Mercurio, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio y la economista Andrea Repetto dijeron que no era un impuesto, porque los asalariados lo percibirían como parte de su sueldo.

—Para que eso fuera cierto, tendrían que estar dispuestos a trabajar por un salario neto 5% inferior y quedar igual de contentos, porque ese otro 5% no lo reciben en su bolsillo, sino que en un fondo. Yo les preguntaría a quienes apoyan esa teoría si ven, en la próxima negociación de los salarios mínimos, al ministro de Hacienda y a la del Trabajo proponiendo un 5% de reducción para dejar espacio a este aporte. O si harían lo mismo con las negociaciones del sector público, que empieza en unos meses más; o cómo reaccionarían la CUT o la ANEF si la propuesta fuera que, dado el aporte que va a un fondo solidario, acepten un 5% de reducción de sus sueldos. Simplemente, ese es un argumento teórico que no toma en cuenta la realidad del mercado del trabajo y que me recuerda la discusión que se tuvo durante la reforma tributaria, cuando los partidarios de un aumento fuerte del impuesto a las empresas sostenían que no afectaría a la inversión porque las empresas podrían financiarlas no con utilidades retenidas, sino que con acceso a deuda, que es lo que decía el ex ministro Alberto Arenas. Es del mismo tipo de argumentación teórica que ignora la realidad.

La verdadera discusión presupuestaria

—Pero por ley no es posible bajar los sueldos, al menos de quienes trabajan en una empresa privada.

—Claro. No van a bajar los sueldos, pero no van a subir, porque de otro modo el costo de la contratación de trabajadores superaría la productividad y las empresas perderían competitividad: tendrían que subir sus precios y probablemente despedir trabajadores o contratar menos. Al final, es la misma discusión de por qué el salario mínimo no se sube de un viaje. No se hace porque ese sería precisamente el efecto. La Presidenta anunció un plazo de 10 años. En consecuencia, durante ese período los sueldos se adaptarán con menores reajustes para hacerle espacio a este 5% y prevería que en 10 años más los salarios líquidos serían 5% menores de lo que iban a ser de otro modo, producto de esta reforma. Es impresionante que un gobierno que ha mantenido al país durante 2 años en una discusión de una reforma laboral supuestamente para mejorar las remuneraciones de los asalariados, acto seguido promueva esta ley, que produce exactamente el efecto contrario.

—¿Coincide con el diputado Andrade de que hay que echar mano a las platas de la educación?

—Celebro esa declaración, me parece honesta. Esa es la verdadera discusión presupuestaria. Estamos hablando de esfuerzos fiscales muy grandes, tanto en educación como eventualmente en pensiones y hay que optar. Concuerdo en que fortalecer el pilar solidario (que hoy cuesta unos US$ 1.700 millones al fisco) es más prioritario que la gratuidad universitaria, por ejemplo. Lo que sí, no deja de producirme algún escozor es que las prioridades presupuestarias terminen siendo resueltas por el griterío de la calle: ayer los estudiantes, hoy los pensionados.

Sistema de reparto “no nos hace mejores personas”

—Usted dice que las pensiones son responsabilidad de cada uno. ¿No hay cabida para la solidaridad?

—Es muy sano construir la sociedad y el sistema previsional sobre la base de la responsabilidad individual o personal. Pero eso no excluye la solidaridad familiar o filantrópica de carácter voluntario. Lo propio de un sistema de reparto —que algunos quieren recrear con el aporte todos los meses del 5% de los salarios de todos los trabajadores— es que impone esa supuesta solidaridad, lo cual no me parece nos haga mejores personas. Además, la praxis del sistema de reparto, tal como lo conocimos en Chile en el pasado o como nos recordaba ahora el caso de las pensiones de Gendarmería, no practica la solidaridad intrageneracional ni intergeneracional: lo que hace es dejar en manos del proceso político la definición de unas reglas que favorecen a unos a expensas de otros. Y como ese proceso —debido a la competencia electoral— termina ofreciendo pensiones que no puede financiar, el resultado es deuda pública y sacrifico de las generaciones futuras, como el caso de Grecia. ¿Es esa la “solidaridad intergeneracional” que persiguen los partidarios del reparto?

Rol de Valdés en reformas: “Quedé con un sabor amargo”

—En octubre de 2015, usted dijo que si el ministro Rodrigo Valdés no lograba concitar apoyos para las reformas, mejor que se fuera. ¿Pasó la prueba?

—Creo que ha hecho menos de lo que yo tenía en mente en el área de las reformas estructurales, específicamente en la laboral. Ahí quedé con un sabor amargo, creo que él trató de reenfocar esa reforma, pero lo hizo con poca fuerza. Y algo semejante ocurre en el tema del financiamiento universitario. En cambio, creo que sí ha tenido una gestión exitosa en difundir una visión de una política fiscal mucho más moderada.

—Pero no ha logrado imponer la agenda de productividad.

—Siempre me pareció que la agenda planteada era más bien pobre, y no se ha hecho mucho. Al revés, se ha mantenido una incertidumbre reinante que obviamente perjudica.

© LyD

// OTROS TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR

// EN PORTADA

// LO MÁS LEÍDO

// MÁS DEL AUTOR/A

Menú