En un nuevo capítulo de la crisis política brasileña un grupo de diputados pidió este lunes la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, otro aliado del gobierno sometido al fuego de denuncias de corrupción.

Lula se queda sin aliados por las denuncias de corrupción
La eventual salida de Cavalcanti, quien debe viajar en la jornada a Nueva York para participar en un encuentro parlamentario regional, dejaría al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sin su principal aliado en el congreso, donde ya su base legislativa está en desbandada.

En caso de la salida de Cavalcanti –quien no se ha pronunciado sobre las iniciativas de una dimisión– la presidencia quedaría en manos del vicepresidente de los Diputados, José Thomaz Nonó, un respetado miembro del Partido del Frente Liberal (PFL) y con más de 20 años de actividad parlamentaria.

Cavalcanti “tiene que alejarse del cargo para responder por las denuncias. No tiene cómo quedarse”, dijo la diputada Denise Frossard, del pequeño Partido Progresista Social (PPS). “El presidente Cavalcanti nunca tuvo las capacidades para ser el presidente, pero fue elegido y ahora pagamos un precio altísimo”, agregó en conversación telefónica.

El presidente de la Cámara “mínimo tiene que pedir una licencia de 30 días (del cargo), mientras estas denuncias se investigan, se aclaran. Quien no tiene culpa, no tiene que temer una investigación”, indicó telefónicamente el diputado Onyx Lorenzoni miembro del PFL, uno de los principales de la oposición al gobierno Lula.

“Creo que ha llegado el momento de hacer una operación “manos limpias” en el congreso, investigar y castigar a todos los involucrados en casos de corrupción”, agregó Lorenzoni, refiriéndose a la famosa operación anticorrupción “mani pulite” lanzada por fiscales italianos a comienzos de los 90 sobre políticos y la mafia de aquél país.

Informes de prensa desde el viernes pasado dieron cuenta que Cavalcanti –un conservador de 74 años y segundo grado de educación– supuestamente cobró sobornos de unos 10.000 reales al mes (unos 4.300 dólares) al concesionario de un restaurante del congreso para mantenerle el contrato. En dos comunicados, el viernes y el domingo, Cavalcanti rechazó las denuncias y dijo que ya dispuso una investigación interna sobre los contratos.