El presidente Bush ha encargado un informe para ayudar a una Cuba libre en la transición a la democracia y a una economía de libre mercado

EEUU – CUBA
La Casa Blanca intentan involucrar tanto a los países de la Unión Europea (UE) como a los de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su política hacia Cuba, especialmente a través de sus más recientes medidas.

Este nuevo paquete de acciones, aún no vigentes, están estructuradas en un informe de más de 400 páginas elaborado por la Casa Blanca. Entre ellas se contemplan actividades de índole económica, así como las que buscan facilitar el acceso de la población cubana a los medios de comunicación extranjeros, fundamentalmente a la televisión.

La Commission for the Assistance of a Free Cuba, creada por el presidente Bush ha sido la encargada de elaborar este informe, en el que han identificado dos grandes grupos de medidas: inmediatas, para precipitar el final del régimen de Castro, y planes para ayudar a una Cuba libre en la transición a la democracia y a una economía de libre mercado. Para su puesta en marcha se destinarán hasta 59 millones de dólares durante los próximos dos años.

La Administración Bush intentará reconducir las relaciones bilaterales y multilaterales existentes entre numerosos países de Latinoamérica con Cuba. Dan Frisk, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, culpó desde Washington a América Latina de padecer de “romanticismo” y de “miedo” con respecto al país caribeño, y atribuyó a esas emociones el hecho de que las autoridades norteamericanas no obtengan el suficiente respaldo de la región en su fortalecida política anticubana.

“Algunos gobiernos latinoamericanos incluso tienen miedo de lo que el presidente cubano, Fidel Castro, pueda hacer si apoyan abiertamente esfuerzos de Estados Unidos para acelerar una transición democrática en Cuba”, señaló Frisk, que anunció que su país tiene “mucho trabajo por hacer” en relación a Cuba en Latinoamérica y en el mundo.

El presidente Bush ordenó la designación de un coordinador de transición en el Departamento de Estado para facilitar el desarrollo de los proyectos a favor de la democracia, tanto por parte de la sociedad civil como por parte de la diplomacia pública.