El 68 por ciento de los abogados laboralistas españoles consideran que la Constitución Europea aborda de forma regular o de forma negativa la política de inmigración de trabajadores de terceros países en la Unión Europea, según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.

Según la Asociación de Abogados Españoles
El estudio, al que tuvo acceso Europa Press, concluye que el 55 por ciento de
los consultados consideran positivo o muy positivo el proyecto en el terreno
laboral, ya que dotará de mayores oportunidades de movilidad a jóvenes,
inmigrantes y al personal directivo de las empresas, limitándose al 23 por
ciento el porcentaje de letrados que valoraron negativamente el Tratado
constitucional.

El principal reproche que los profesionales del Derecho
del Trabajo hacen al proyecto es su poca ambición en materia social. El 42 por
ciento de los abogados consultados consideran muy positiva la Constitución para
los intereses de las empresas, al entender que se preocupa más por la
consolidación del mercado interior europeo que por la de los derechos sociales
de los europeos.

DIVISIÓN.

En otros puntos consulados, los
abogados laboralisas se muestran más divididos. Así, más del 47 por ciento
considera que la Constitución Europea fomentará de forma positiva o muy positiva
la protección de los derechos de los trabajadores, frente al más del 52 por
ciento que estima que dicha protección por parte del documento es regular o
incluso negativa.

La misma división se observa al consultar a los
letrados sobre el fomento del diálogo social que contempla el Tratado, ya que el
51 por ciento considera que se fomenta mientras que un 49 por ciento de los
consultados cree que dicho apoyo se produce de forma regular o no se produce. Un
mayor consenso se aprecia en lo referido a la preservación de los derechos de
seguridad social de los ciudadanos europeos, ya que el 55 por ciento de los
abogados laboralisyas españoles considera que el texto lo hace convenientemente.


En cuanto a los beneficios que la Constitución proporcionará a los
sectores productivos españoles, son mayoría los que consideran bebeficiosa la
Constitución Europea para el comercio, el turismo o la hostelería, mientras que
los más perjudicdos serán la agricultura y la pesca de nuestro país. Un 38 por
ciento de los consultados estiman que el proceso de unión política nos obligará
a hacer nuevas “reconversiones dolorosas” en ambos sectores.

Finalmente,
el 25 por ciento de los consultados cree que se verán perjudicados el sector
energético y los servicios públicos, “por la implantación de empresas europeas
que tendrán intereses macroeconómicos más que interés en preservar la calidad,
la sanidad y los servicios sociales, que pueden verse sacrificados por la
disciplina presupuestaria que exigen las instituciones monetarias europeas”,
concluyen las conclusiones de la consulta.