El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de Ecuador y jefe del grupo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carlos Larreátegui, presentaron este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria de una consulta popular para la instauración de una Asamblea Constituyente. La mayoría parlamentaria es contraria a la reforma constitucional que quiere impulsar el recién elegido presidente, el populista Rafael Correa.

El 15 de abril se realizará una consulta popular para redactar una nueva Constitución
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y jefe del grupo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carlos Larreátegui, entregó la demanda al presidente del TC, Santiago Velázquez, quien la recibió y aseguró que se tramitará por el procedimiento más rápido esto es, aproximadamente unos veinte días, para conocer la sentencia del Tribunal.

El 1 de marzo pasado, el TSE convocó a una consulta popular para el próximo 15 de abril en los términos en que la había solicitado el Gobierno.

Al día siguiente, con los votos de 58 de los 100 diputados que lo componen, el Congreso decidió recurrir al Constitucional la convocatoria del TSE, al considerar que el estatuto enviado por el gobierno y ratificado por el ente electoral no respetaba el texto aprobado por el Legislativo sobre la consulta.

Larreátegui señaló que la demanda se debe a que el Congreso considera que el TSE y el presidente Rafael Correa se han arrogado funciones que corresponden al Legislativo a la hora de aprobar el estatuto que debe regir el referéndum.

También dijo que el Congreso prepara un juicio político a cuatro de los siete vocales del organismo electoral que aprobaron la consulta, en la que los ecuatorianos decidirán si quieren una Asamblea Constituyente.

El presidente del TSE, Jorge Acosta, amenazó el 2 de marzo pasado con sancionar a quienes interfieran en la consulta popular y recordó que, al estar ya en un proceso electoral, ese tribunal es “la máxima autoridad del país por sobre cualquier otra”.

Acosta remarcó, dirigiéndose al Congreso, que “cualquier sanción o juicio que se pretenda seguir en contra nuestro (los miembros del TSE), se debe hacer después de haber proclamado los resultados de la consulta”.

Cuesta arriba

El pasado 13 de febrero, el Congreso, como reclamaba el presidente del país andino, Rafael Correa, había aprobado la convocatoria urgente de una consulta popular para formar una Asamblea Constituyente con poderes plenos.

La decisión del Congreso calmó entonces las tensiones políticas en el país, pues Correa y su gobierno habían advertido que si en breve plazo el TSE y la Cámara no daban vía libre a la consulta, nombrarían un tribunal ´ad hoc´ para organizar este proceso, lo que era considerado inconstitucional por las otras instituciones