El gobierno quiere controlar la formación de los imanes y de los capellanes musulmanes de las prisiones.
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El Estado francés intenta organizar el culto musulmán
Especialmente tras los últimos atentados, las autoridades francesas querrían asegurar que los musulmanes del país –crece el número de los que tienen la nacionalidad por nacimiento– se integrasen plenamente en la cultura republicana.
No resulta fácil sortear el escollo de una confesión que no separa religión y política ante las exigencias de un Estado que se define constitucionalmente como laico.
Por motivos constitucionales, Francia no tiene posibilidad, a diferencia de Austria, de regular por ley el islam (verAceprensa, 3-03-2015). Fue un avance en su día (2003) la constitución de un Consejo Francés del Culto Musulmán, capaz de ser interlocutor del gobierno, como lo es la Conferencia Episcopal o el Consejo Hebreo. Pero para muchos esa institución es valorada como una manifestación de intervencionismo y no de espontaneidad: en el fondo, sería como si el Estado hubiera promovido un consejo cristiano común, sin tener en cuenta las diferencias entre católicos, protestantes, etc.; se olvidan las diversas tendencias dentro de los discípulos de Mahoma, a veces enfrentadas hasta la violencia física.
De otra parte, el espíritu de laicidad, que arranca de la ley de separación de 1905, con una inspiración netamente anticatólica, afecta hoy sobre todo a los musulmanes: por ejemplo, distan de ser pacíficas cuestiones como el velo islámico, los signos religiosos en contextos públicos neutrales, la separación por sexos en las piscinas municipales, la posibilidad de recusar a un médico de otro sexo, la aceptación civil de fiestas religiosas, el sacrificio ritual de animales, etc. Desde ahí, sin llegar a aceptar la prioridad de la sharía sobre la constitución republicana, se presiona para una redefinición de la laicidad que no pueda ser calificada en modo alguno como islamofóbica.
Bernard Cazeneuve, ministro francés del Interior, a quien corresponde garantizar las libertades públicas, describe así la laicidad: es “el reconocimiento de la posibilidad de creer o no creer y, si se cree, poder elegir cada uno su religión mediante el ejercicio del libre arbitrio y la libertad de conciencia, lo que supondría que todas las religiones se ejercerían dentro del respeto riguroso de los valores republicanos”. De ahí su insistencia en afirmar que la laicidad no es un arma contra los musulmanes ni un principio de hostilidad contra la religión. Más bien sería “un principio de inclusión”, aunque actualmente –y el mensaje va contra la extrema derecha– habría un gran distancia “ente los republicanos laicos, que creen en la unidad de la comunidad nacional, y los que utilizan la laicidad para excluir y discriminar”.
El gobierno francés quiere fomentar la formación de imanes francófonos, diplomados en la universidad, que prediquen los viernes en un buen francés
Cazeneuve sigue la estela de su predecesor, hoy primer ministro, Manuel Valls, que siempre manifestó especial cercanía con el islam. Pero el problema es que no existe –a diferencia de la Iglesia católica– unidad entre quien preside a los fieles y les representa ante la autoridad pública. La inspiración de cada mezquita resulta más bien dependiente de la influencia de los países de origen de los inmigrantes de primera generación en Francia.
Imanes que prediquen en buen francés
A pesar de eso, Cazeneuve espera que los musulmanes franceses se organicen en una instancia representativa común, y desea fomentar la formación de imanes francófonos, diplomados en la universidad, que prediquen los viernes en un buen francés. Para más de uno, se trata del viejo josefinismo, aplicado ahora a los fieles de Mahoma: “consolidar un islam fiel a los valores de la República”. Porque la laicidad no sería hostil al islam, sino el medio de que los musulmanes encontrasen su lugar propio en la República. Pero no se ve cómo va a contribuir a ese fin un nuevo consejo que se reuniría dos veces al año con el entorno del primer ministro.
El gobierno desea un diálogo lo más amplio posible, dentro del respeto a los valores de la República. Pero, en el fondo, impone a los musulmanes la necesidad de que se modernicen: el Estado –insiste Cazeneuve– no está llamado a organizar el culto musulmán, pero debe fijar objetivos y principios: uno de ellos es la formación universitaria de los imanes, como paso indispensable para reorganizar su presencia en prisiones, hospitales y cuarteles.
En concreto, el gobierno se plantea exigir a los capellanes musulmanes de prisiones que obtengan el diploma universitario en “Religiones, laicidad e interculturalidad”, que desde hace algunos años se imparte en unas pocas universidades, entre ellas la católica de Lyon y el Instituto Católico de París. Requiere dos años de enseñanza posterior al bachillerato (como la formación profesional superior) y seguir un curso de seis meses, más redactar una memoria; el título tiene nivel equivalente al de un grado universitario.
Según el primer ministro Valls, para construir lugares de culto musulmán en Francia no es necesario recurrir a ayuda extranjera.
Actualmente, hay 183 capellanes musulmanes para unos 40.000 presos de esa religión. El gobierno quiere reforzar su formación duplicando el dinero destinado a ella y aumentar su número en 90 más en la presente legislatura. No oculta que los considera muy importantes para evitar la radicalización de jóvenes musulmanes en las cárceles. Dos de los autores de las matanzas en París el pasado enero siguieron ese itinerario.
No será, en cambio, nada fácil, conseguir que también los imanes pasen por las aulas, pues –a diferencia de los capellanes– no trabajan para el Estado. Se estima que son unos 800 en Francia, más de un tercio extranjeros, muchos sin cualificación definida. Pero este es un problema que está planteado desde hace años, sin que se haya llegado a una fórmula satisfactoria y factible (recordemos, por ejemplo, los intentos de hace diez años: Aceprensa, 19-05-2004). A falta de una institución islámica de autoridad reconocida que fije los requisitos académicos, ¿va a fijar el Estado lo que tiene que saber un imán? Y en todo caso, las comunidades musulmanas no tendrían por qué aceptar solo imanes con título oficial.
El control de la predicación en las mezquitas solo se da en países como Marruecos, merced a la unión de la autoridad religiosa y la política (el rey marroquí es el Comendador de los creyentes): no es ese un modelo válido para Francia.
En el tercer campo de interés para el gobierno, la financiación de mezquitas por otros Estados, y las ayudas municipales a lugares de culto musulmán, hay ambigüedad. El principal escollo sigue siendo la aceptación del principio de laicidad. En su reciente visita a la gran mezquita de Estrasburgo, capital de Alsacia, el primer ministro Manuel Valls dijo que no hacía falta recurrir al extranjero para construir un centro cultural o un lugar de culto musulmán: “En Francia hay todas las energía y todos los recursos necesarios para el desarrollo del islam” (cfr. Le Monde, 3-03-2015). Pero no resulta tan fácil fuera de Alsacia y Lorena –donde la ley de 1905 nunca entró en vigor–: en el resto de Francia, cualquier implicación de los poderes públicos en ayudas al culto religioso resulta problemática.
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