La opinión pública de diversos países africanos se debate entre la necesidad de hacer justicia ante crímenes contra la humanidad y la sensación de ser juzgados por los “jueces blancos” del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya

No se puede olvidar que, antes de la constitución de este Tribunal, en aplicación del tratado de Roma de 1998, se había creado una Corte especial para juzgar las terribles masacres de tutsis perpetradas en Ruanda en 1994, tras el accidente del avión presidencial en Kigali. Fue casi coetáneo con el Tribunal para la antigua Yugoslavia, aprobado por la ONU en 1993, que no llegó a condenar a Slobodan Milosevic, inculpado de graves crimines en Kosovo, porque murió mientras se celebraba el proceso.

Lo cierto es que son muchos los líderes africanos con cuentas pendientes en La Haya, antiguas como las de Sudán, o más recientes como las de Libia, Chad, Somalia o Costa de Marfil.

 

El Tribunal Penal Internacional juzga a políticos de Kenia por hacer incitado a la violencia tras las elecciones de 2008

 

La imputación de presidente y vicepresidente de Kenia
Uno de los países africanos con las espadas en alto es Kenia: el Tribunal de La Haya juzga a destacados políticos, sospechosos de haber incitado a la tremenda violencia que siguió a las elecciones de 2008. Entre los inculpados, el hoy presidente Uhuru Kenyatta, hijo del primer y mítico presidente tras la independencia, Jomo Kenyatta; el vicepresidente y primer ministro William Ruto; otros ministros; el responsable de la Administración del Estado y el secretario del gabinete; el director de la policía de entonces y un locutor de radio.

Las autoridades kenianas trataron de impedir ese proceso creando un tribunal nacional específico para juzgar a los sospechosos de las masacres de 2008. Como se sabe, La Haya tiene carácter subsidiario: se trata de impedir la impunidad de los grandes crímenes cuando no son perseguidos por cada Estado firmante del tratado de Roma, como Kenia.

Algo semejante sucedió luego tras la guerra civil de Costa de Marfil. Los políticos locales, tras la derrota, intentaban evitar los juicios invocando clásicos argumentos sobre la defensa de la propia soberanía, o el rechazo de criterios que podrían recordar el colonialismo. En otro orden, el presidente de Sudán Omar Al Bechir está acusado desde hace años de crímenes contra la humanidad y genocidio, especialmente en Darfur, antes de la independencia del sur de ese Estado.

Pero, poco a poco, se impone la convicción de que la justicia internacional –sin perjuicio de la eficacia de las Comisiones Verdad y Reconciliación, como en Sudáfrica o en la propia Costa de Marfil– asegura mejor la independencia e imparcialidad de juicio, que tribunales locales demasiado sometidos a intrigas y manipulaciones.

No se puede olvidar tampoco la proliferación de conflictos en África, no siempre presentes en la prensa occidental, con violencias que llevan el terror a poblaciones civiles pacíficas, originan miles y miles de desplazados, y se apoyan una y otra vez en los “niños soldados” –como actualmente en regiones del Congo y de la República Centroafricana–, a pesar del unánime rechazo de la comunidad internacional.

 

En el propio Tribunal Penal Internacional hay jueces africanos e, incluso, kenianos

 

Las críticas africanas al Tribunal Penal de La Haya
En una cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada el pasado mes de octubre en Addis Abeba, la capital etíope, se llegó a plantear la retirada colectiva de 34 países africanos firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal de La Haya. Se le reprocha que apunte excesivamente a líderes africanos. Pero no faltan voces, como la del ghanés Kofi Annan, que previenen de los graves riesgos que ese abandono supondría para las poblaciones civiles.

Por otra parte, con el apoyo de la UA, Rusia y China, se presentó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución para posponer el proceso contra los líderes de Kenia, para no perjudicar la frágil estabilidad política del país. El pasado 15 de noviembre fue rechazada la suspensión, a pesar de que el gravísimo atentado cometido por Al Shabaab en Nairobi a finales de septiembre exigía especial atención de las autoridades locales. Pero el caso sigue abierto, pues China ha indicado que continuará defendiendo la solicitud de aplazamiento.

Pero no parece de recibo acusar al Tribunal de La Haya, como hace el presidente de Kenia, de institución occidental racista e imperialista. Lo acaba de explicar a Le Monde (24-11-2013) Lynne Muthoni Wanyeki, una politóloga keniana, directora de la Kenya Human Rights Commission. Recuerda en concreto que la Constitución de Kenia declara explícitamente que la inmunidad de las personas elegidas para dirigir el país no se aplica cuando se trata de delitos relevantes tipificados por las leyes internacionales. Y los dos líderes principales insistieron, durante la campaña electoral de marzo, que asumirían plenamente sus responsabilidades personales, en caso de ser elegidos. En fin, en el propio Tribunal de La Haya hay jueces africanos e, incluso, kenianos. Además, la mayoría de los asuntos africanos han sido presentados al TPI por los propios Estados.

Por otra parte, la opinión pública no es favorable al aplazamiento de la actividad del TPI, como muestran diversas encuestas aunque la tendencia vaya a la baja. Un informe publicado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional muestra que las víctimas de la violencia en Kenia desean una justicia reparadora y retributiva. Y las víctimas que participan en el proceso han expresado su deseo de continuarlo.

Cosa muy distinta es criticar la hipocresía de Estados Unidos: apoya las intervenciones del TPI, aunque no ha firmado el tratado de Roma, compatible con que su presidente Obama repita frases como las de su discurso en Ciudad del Cabo el pasado junio: “la democracia y la justicia transnacionales son requisitos previos para atraer el comercio y la inversión, mantener la paz y una seguridad duradera”.

Pero, como reitera Lynne Muthoni Wanyeki, ningún Estado africano ha ratificado el tratado de Roma por presiones externas; además, cualquiera que dude de su imparcialidad puede denunciar la convención y no aceptar la competencia de la justicia internacional.