Cuando el Estado tiene poderes para saberlo todo de todo hijo de vecino, la integridad del servicio a la ciudadanía es la única protección frente a los caballeros como el fiscal Holder.
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El Estado que todo lo ve
Hace unos años, tras un escándalo por corrupción de tantos, el entonces gobierno progre de Canadá anunció que, para evitar mayores males del abuso de poderes, se disponía a contratar 300 inspectores federales nuevos y un grupo de zares de la ética profesional, y promulgar "apartados de integridad" dentro de los contratos con la administración pública que incluirían "la prohibición del cobro, el pago, la oferta, la solicitud o la aceptación de sobornos”. Ya había en vigor montones de leyes contra el soborno, pero un pequeño letrero sobre el escritorio bastaría: "Cuidado con intentar sobornar al Ministro de la Corona. Además: No tiene permiso para sobornarle, aunque diga lo contrario”. El gobierno que necesita de "apartados de integridad" está por definición más allá de ser bueno.
Me acordé de aquellos "apartados de integridad" del gobierno progre canadiense al pasar junto a una televisión el otro día y ver a un grupo de burócratas de nivel de la Oficina de Autónomos de la agencia tributaria asegurando al Congreso que el sistema incorpora ya mecanismos para impedir que los funcionarios se dejen llevar por las ganas de calzarse unas orejas del capitán Spock y un traje de poliéster para protagonizar un vídeo de formación a lo Star Trek. La Oficina de Autónomos ha llegado a donde ningún funcionario de la agencia tributaria se ha atrevido a llegar — hasta una conferencia de aficionados al género celebrada en Anaheim, donde reservaron habitaciones de 3.500 dólares la noche y asistieron a la actuación de un caballero que cobró 27.500 por llegar y pintar un retrato del cantante Bono en el escenario.
Hizo falta que interviniera el congresista de Carolina del Sur Trey Gowdy para llegar al meollo de la cuestión: “Con todos los respetos, no es una cuestión de aprendizaje", decía. “Esto no se soluciona con más clases… Podemos adoptar todas las recomendaciones que se nos puedan ocurrir. Simplemente me escandaliza — y a lo mejor es cosa mía — pero me parece una cuestión cultural, sistémica, moral, de carácter”.
Tiene razón. Si de forma automática usted no sabe que cargar al erario público habitaciones de hotel de 3.500 dólares la noche está mal, un manual revisado de directrices para la reserva de habitaciones de funcionarios públicos no va a corregir el verdadero problema.
Ya sabemos pues que Hacienda es corrupta. ¿Qué pasa entonces cuando un gobierno ambicioso entiende que puede explotar esa corrupción en favor de sus necesidades políticas? Lo que llama la atención a medida que los escándalos se multiplican y se extienden es que en ningún momento, un sólo inspector de Hacienda puso algún reparo. Si alguno de ellos se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no está bien, se lo guardó. Cuando Nixon intentó utilizar a la agencia tributaria contra unos cuantos rivales políticos poderosos, la agencia tributaria le dijo que se perdiera. Cuando los cortesanos de Obama intentaron utilizar a la agencia tributaria contra miles de ciudadanos estadounidenses de a pie, la agencia se dejó llevar, y con mucho entusiasmo. Esto pertenece a una escala de depravación hasta la fecha desconocida en las autoridades fiscales de los Estados Unidos, y sólo por esa razón deberían ser desmanteladas y desarmadas — y reconstruidas desde cero con competencias muchísimo más limitadas.
He aquí otro extracto de la transcripción de la sesión de otro subcomité de la cámara baja. El senador de Illinois Mark Kirk preguntaba al fiscal general si se dedica a espiar a los congresistas para dar así influencia sobre el legislativo a la rama ejecutiva. El fiscal Eric Holder responde:
“Con todo respeto, senador, no me parece que nos encontremos en el lugar idóneo para discutir esa cuestión”.
El senador Kirk le respondió que "la respuesta correcta era: ‘No, nos metimos en nuestros asuntos y le aseguro que no espiamos a los congresistas’”. Por alguna razón, el fiscal general se sintió incapaz de decir eso. De manera que todos sabemos cuál es la respuesta a la pregunta original.
Holder tuvo otra gran aportación que hacer al epitafio de la República esta semana. Salió en televisión para explicar que en realidad no consideraba "colaborador de un delito" al periodista de Fox News James Rosen, simplemente tuvo que simular que lo consideraba así para obtener una orden judicial del juez de guardia. ¡De manera que estate tranquila, América! El agente de la ley de más alto rango que tienes decía la verdad cuando dijo que no había cometido perjurio ante el Congreso, en realidad lo había cometido ante el juez.
Si usted miente delante de uno de los súbditos de Holder, entrará en la cárcel por perjurio: metieron en el trullo a Martha Stewart por no ser lo bastante sincera ante un empleado de bajo nivel de la oficina del fiscal general, pero al parecer el fiscal general puede contar mentirijillas a los jueces y al Congreso.
Esto, a la sazón, constituye el corazón de la revelación (en un periódico no estadounidense, como Dios manda) de que centenares de millones de registros telefónicos de estadounidenses han sido examinados sin garantía judicial clara por el gobierno de los Estados Unidos. En el año 2011, el ayudante del fiscal general Eric Holder, Todd Hinen, prestó testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara para decir que "de media, solicitamos y obtenemos órdenes judiciales menos de 40 veces al año”. 40 veces al año no suena muy allá, ¿no? Cuánto es eso — ¿las llamadas de móvil de unos cuantos chechenos de Massachusetts y algunos amigos epistolares yemeníes? No. La orden judicial de la empresa telefónica Verizon se incluirá dentro del Capítulo 215 de órdenes judiciales individuales, pero afecta a más de 100 millones de estadounidenses. La vigilancia universal abierta de poblaciones enormes se está haciendo pasar ante el Congreso y la opinión pública como si se tratara de unas cuantas operaciones de vigilancia muy selectiva. Hinen eligió con mucho más cuidado sus palabras que su jefe, pero ambos caballeros están en el oficio de mentir a la ciudadanía, a sus representantes electos, y puede que también a los jueces.
A lo mejor es simplemente la forma de funcionar del estado omnisciente. Tocqueville se anticipó a esto, igual que a tantas cosas. Aunque la monarquía absolutista "investía a los monarcas de poderes casi sin límites", en la práctica "los detalles de la vida social y la existencia individual escapaban a su control de forma ordinaria”. ¿Qué pasa, se preguntaba Tocqueville, si la capacidad administrativa del Estado llegara a evolucionar hasta el punto de que "los detalles de la vida social y la existencia del individuo" son objeto de la supervisión del monarca?
Cuando el Estado tiene poderes para saberlo todo de todo hijo de vecino, la integridad del servicio a la ciudadanía es la única protección frente a los caballeros como el fiscal Holder. En lugar de oponerse, la formación en el poder y la burocracia independiente parecen estar uniendo fuerzas. En agosto de 2010, el Presidente Obama empezó a despacharse públicamente contra "los grupos de nombre contundente como Estadounidenses por la Prosperidad” (discurso del 9 de agosto en Texas) y "las asociaciones oscuras de nombre inofensivo” (discurso radiofónico del 21 de agosto). Y qué cosas tiene la vida, aquel mismo mes la agencia tributaria abría su primer expediente de la historia a los grupos con nombres contundentes, como “tea party”, “patriotas” o “constitución”.
Podría ser que la extraña coincidencia entre el Presidente y la burocracia permanente fuera fruto de la simple casualidad y, no como le sonará a más de uno, la siniestra fusión entre un partido político y el Estado. Sea como sea, los dos tienen que ser separados hasta lo imposible. Cuando la administración tiene la capacidad de saberlo todo menos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, las cosas nunca acaban bien.
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