Se desató un escándalo de proporciones en Bolivia a partir de un hecho que podría afectar seriamente las libertades públicas: el espionaje a figuras de la oposición, entre las que se cuentan dirigentes políticos y cívicos, parlamentarios y periodistas. La oposición acusa del espionaje al propio gobierno, pero éste manifestó desconocer el hecho y negó responsabilidades.

El Vicepresidente niega los hechos

El presidente en ejercicio de Bolivia, Alvaro García Linera, ordenó este viernes a la Policía investigar las denuncias de espionaje a políticos, funcionarios y periodistas, tras recibir fuertes críticas de la oposición que responsabiliza del hecho al propio gobierno.

García Linera, que ocupa el cargo interinamente, mientras dura el viaje del presidente Evo Morales a Argentina, pidió al comandante de la Policía, general Miguel Vásquez, “informar en las siguientes horas” sobre las denuncias surgidas, “para una evaluación” del poder Ejecutivo.

Varios canales privados de televisión revelaron el jueves que prefectos opositores, dirigentes políticos, congresistas, líderes civiles y periodistas son sometidos a seguimiento, lo que desató un escándalo.

García negó cualquier responsabilidad de la administración del presidente Morales “en el seguimiento de personas políticas y personas civiles”.

El general Vásquez culpó a la oficina de Inteligencia, subordinada a su despacho, pero negó que haya ordenado el seguimiento a políticos y autoridades regionales.