Antes de emprender esta acción, el Ejecutivo navarro presentará un requerimiento de incompetencia con el régimen foral navarro en la cámara vasca, al considerar que el Plan Ibarretxe es inconstitucional y no se adecua a la delimitación de competencias de la Constitución.

AUTONOMÍA VASCA
El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de ayer, presentar un requerimiento de incompetencia respecto a la “propuesta de reforma de Estatuto político” aprobada por el Parlamento Vasco, como paso previo a la interposición ante el Tribunal Constitucional de un “conflicto positivo de competencias”.

Así ha informado el Ejecutivo Foral en un comunicado en el que considera que, el requerimiento previo, según el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, ha de dirigirse al órgano ejecutivo superior de la Comunidad Autónoma Vasca en el plazo de los dos meses siguientes al día de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, que fue el 3 de enero.

Afecta gravemente

En concreto, el Gobierno considera que el denominado Plan Ibarretxe así como la precedente propuesta aprobada por el Gobierno Vasco el 25 de octubre de 2003 “es inconstitucional y no adecua al orden de delimitación de competencias que establece la Constitución española y la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”.

El Gobierno foral considera que, incluso, la propuesta del Parlamento Vasco es “todavía de mayor incidencia en Navarra” que la del Gobierno Vasco “porque afecta más gravemente si cabe al ámbito de autonomía propio de la Comunidad Foral de Navarra, si se tiene en cuenta que en el artículo 6 del texto del Parlamento se prescinde incluso de la referencia que el Gobierno Vasco hacía al ordenamiento jurídico de ambas Comunidades”.

Territorio vasco

En particular, y además de las determinaciones contenidas respecto a Navarra en el preámbulo del texto parlamentario y de las referentes a las relaciones entre Navarra y la Comunidad de Euskadi en su artículo 6, el Gobierno Foral destaca que la nueva propuesta del Parlamento Vasco define en su artículo 2 a Navarra como “territorio vasco”, al tiempo que le “reconoce” como tal el derecho a vincularse con el “resto” de territorios vascos, entre los que incluyen igualmente no sólo territorios españoles sino también franceses, en un marco territorial común de relaciones.

Además, en el mismo precepto, se señala que el ámbito territorial de la Comunidad de Euskadi, que se define en el artículo 1 como “comunidad vasca libremente asociada al Estado español”, debe entenderse sin perjuicio de la previsión recogida en la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución, que se refiere a un régimen de autonomía y no a uno de libre asociación, “en clara alusión a Navarra”. A todo ello el Ejecutivo Foral añade que el artículo 7.2 de la propuesta “considera unilateralmente a Navarra como parte de Euskal Herria y prevé el fomento del funcionamiento de un órgano de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra que atienda a las necesidades comunes”.

Constitución y Fuero

Sostiene también el Gobierno de Navarra que la propuesta aprobada, y en particular sus artículos 2, 6 y 7, “vulneran la Constitución española y el Amejoramiento del Fuero”, además de que “resulta contraria y violadora del orden de competencias establecidas por ambos textos normativos fundamentales”.

Para el Gobierno foral, “el Parlamento Vasco, pese a sus infundadas pretensiones, no puede invadir las competencias de Navarra derivadas de su identidad singular como Comunidad Foral con autonomía propia”.

Y es que, subraya en su acuerdo, sólo a la Comunidad Foral corresponde, de conformidad con la Constitución española y el Amejoramiento del Fuero, el ejercicio de sus competencias de autogobierno, sus relaciones con el Estado y las comunidades autónomas, y demás facultades, “sin que tales competencias puedan ser en modo alguno asumidas o autoatribuidas de modo unilateral por el Parlamento Vasco”.

Dichas fuentes recordaron que cuando el Gobierno Vasco adoptó el acuerdo que posteriormente ha seguido su tramitación parlamentaria, el Gobierno de Navarra presentó en octubre de 2003 un requerimiento al ejecutivo de esa Comunidad, como paso previo a la presentación de los recursos correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y ante el Tribunal Constitucional (TC), que fueron interpuestos, el primero el 6 de febrero de 2004 y el segundo el 20 de enero de ese mismo año.