América, Economía y Sociedad

El gobierno español no podrá reducir la ayuda al desarrollo para Colombia

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados aprobó este martes por una unanimidad una proposición no de ley sobre el fortalecimiento institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas de Colombia, en el que se pidió al Gobierno socialista que mantenga la cooperación española con este país en línea con lo alcanzado en los últimos años.


España es actualmente el segundo país donante bilateral con Colombia. Durante el período 2002-2004, aportó más de 130 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), de los que 72 millones fueron gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Sin embargo, Colombia no será un país prioritario según la nueva clasificación de la cooperación española y deberá compartir con otros 40 países el 30 por ciento de la ayuda bilateral española, de ahí el temor de la oposición y principalmente del PP a que haya una merma considerable en los recursos destinados al país sudamericano.

Por ello, la citada Comisión, a propuesta del PP, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que mantenga "el gasto presupuestario para la cooperación bilateral española con Colombia en la línea de lo alcanzado en los últimos años".

Que continúe financian las necesidades de los desplazados colombianos

Asimismo, los grupos del Congreso de los Diputados pidieron que España financie proyectos de "infraestructura material e institucional básicos" dirigidos a las necesidades de los tres millones de desplazados colombianos, prestando particular atención a los que viven en zonas fronterizas.

En tercer lugar, reclamaron que se fortalezca el tejido social colombiano con el fin de posibilitar la "gobernabilidad democrática, participativa y autónoma en el ámbito local y regional". Igualmente, se instó a favorecer con la ayuda española a las instituciones propias del Estado de Derecho.

En este sentido, los diputados mencionaron la Corte Constitucional, el sistema judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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