El Gobierno español aceptará que los inmigrantes en situación irregular puedan aportar “documentos públicos fehacientes” -aún sin especificar- además del certificado de empadronamiento para demostrar que llevan viviendo en España desde antes del 8 de agosto de 2004 y, de esta manera, poder acogerse al actual proceso extraordinario de normalización vinculado al empleo.

Ante el fracaso del nuevo Reglamento de Extranjería impulsado por Caldera
Tras una reunión de más de dos horas con los sindicatos UGT, CCOO y la CEOE, con
los que el Gobierno consensuó el Reglamento de Extranjería, Caldera explicó que
este mecanismo -existente en la normativa- permitirá la inscripción en el
padrón, “en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como
prueba documentos públicos fehacientes”. Para que el instrumento se aplique
homogéneamente y “con suficientes garantías”, la propuesta se trasladará al
Consejo de Empadronamiento para que “valore su acreditación” y determine cuáles
deben ser dichos documentos públicos.

El Consejo de Empadronamiento es un
organismo colegiado en el que participa el Instituto Nacional de Estadística y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de
los ministerios de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores. La
iniciativa da respuesta a múltiples peticiones de asociaciones de inmigrantes,
del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía, en el sentido de
poder aportar un documento distinto al certificado de empadronamiento para
probar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004, una de las
condiciones para la regularización (junto a un contrato laboral y carecer de
antecedentes penales).

Actualmente existe un número indeterminado de
inmigrantes que no se empadronaron por miedo a ser expulsados del país por la
policía, debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos donde residen
o bien porque era innecesario para optar a servicios públicos como la sanidad,
caso de la comunidad andaluza. Caldera, que leyó el acuerdo alcanzado con los
agentes sociales, subrayó que la aplicación del “empadronamiento por omisión”
siempre será sobre la base de considerar que “el certificado del padrón es
requisito imprescindible” para acogerse a dicho proceso.

Tras reiterar
que el proceso descansa en la vinculación entre el contrato y la autorización
para residir, Gobierno y agentes sociales manifestaron que siendo conscientes de
que cada uno de los documentos exigidos puede causar la imposibilidad de
normalizar algunas situaciones, “el proceso se caracteriza por su solvencia” al
fijar requisitos fiables y verificables que garantizan su adecuación “a los
objetivos pretendidos”. En esta línea, “las interpretaciones que puedan
producirse, al igual que sucedió con el compromiso empresarial en el sector
agrario, tanto por motivos de seguridad jurídica y de respeto a la legalidad, se
atendrán al acuerdo en torno al Reglamento y a lo establecido a la disposición
adicional tercera”, que fija el periodo extraordinario de tres meses, indicó el
ministro.

Por otro lado, el Gobierno, UGT, CEOE y CCOO, “en la
perspectiva del 7 de mayo” (último día de esta regularización), expresaron su
voluntad a “intensificar la colaboración mutua para animar a todos los sectores
interesados a incorporarse al proceso, ampliando así sus resultados con las
importantes ventajas que ello conlleva, en forma de empleo legal y nuevos
contribuyentes”. Hasta el momento, en los dos primeros meses del proceso de
normalización, se han presentado sólamente 300 mil solicitudes, cuando el
gobierno tenía previsto que más de 1 millón de inmigrantes irregulares se
acogierán a la nueva regularización.