La equiparación de los políticos corruptos con las bandas de narcos y secuestradores da muestra del alcance de este proyecto, que se aprobará en los próximos días.

ARGENTINA
El gobierno argentino acaba de anunciar la puesta en marcha de un amplio plan
trienal de seguridad y justicia que prevé la creación de una agencia federal de
investigaciones, una fuerza de seguridad nacional, la disolución del fuero
federal, la participación de civiles en la dirección de la Policía y profundos
cambios legislativos, como la reforma integral de la ley penal de menores, con
la reducción de la edad penal a los 14 años.

El ambicioso plan, que será
sometido a la opinión pública y a la consideración de diferentes organizaciones
no gubernamentales en los próximos 10 días, está compuesto por seis capítulos:
justicia, seguridad, reforma política, cuestiones penitenciarias, participación
ciudadana y cooperación tecnológica de las Fuerzas Armadas en todo el
país.

También contempla la participación popular en el control policial y
en la realización de juicios por jurados, y prevé la creación de un sistema de
justicia rápida para los delincuentes detenidos durante la ejecución de
delitos.

Además, en uno de los apartados más llamativos del proyecto, se
impulsarán cambios legislativos que buscan equiparar a las bandas de
secuestradores y narcotraficantes con las administraciones políticas acusadas de
actos de corrupción. Además, se va a acentuar el control de la financiación de
los partidos políticos y se acabará con el sistema de listas electorales
cerradas.

Los detalles del programa fueron anunciados por el ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, en un acto encabezado por
el presidente Néstor Kirchner. Todo el gabinete y 21 gobernadores estuvieron
presentes en el acto, en un intento de mostrar que la iniciativa tiene un amplio
consenso político.

Kirchner, en su primera aparición pública en la Casa
Rosada tras su enfermedad, se mostró firme en sus anuncios y dejó claro que las
Fuerzas Armadas no intervendrán en la seguridad interior.

El plan
integral será financiado por un Fondo Fiduciario de Justicia y Seguridad, de
unos 600 millones de pesos por año, que serán aportados por el Estado nacional y
las provincias que adhieran al plan. Otros 400 millones de pesos, ya previstos
en el presupuesto nacional, se destinarán a la construcción de ocho nuevas
cárceles federales.

El titular de la cartera de Justicia anunció la
creación de la Agencia Federal de Investigaciones, que va a agrupar a todas las
fuerzas nacionales y provinciales y va a dedicarse a combatir los delitos más
graves.

Para esto, se prevé la incorporación de 6.000 agentes, de los
cuales 5.000 van a integrar la policía de seguridad y los restantes 1.000 se
dedicarán al área de investigaciones.

El plan también propone una reforma
a la ley de seguridad interior para permitir la intervención de las policías
provinciales.