La CE propone reorientar el PEC individualizándolo, centrándolo en la deuda pública y con objetivos a medio plazo que permitan acciones correctoras.

PARA CONTENTAR A LOS GRANDES
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), tal y como lo habíamos conocido tiene sus días contados. Ni Maastricht ni Niza han conseguido que superara la dura prueba de su incumplimiento por parte de los países más fuertes dentro de la UE.

Fueron precisamente ellos los que, desde el podium de su poder económico y la desconfianza hacia el resto de países, impulsaron, promovieron e hicieron aprobar el Pacto de Estabilidad para todos los países de la Unión. Entre otras cosas, ese pacto obligaba a controlar el déficit público y los gastos de las administraciones. Y lo que era más importante, obligaba a todos por igual bajo penas de severas reconvenciones y multas.

Muchos países de la UE cumplieron bien sus deberes, entre ellos España. Tras el fracaso de la aplicación del Pacto en sus promotores iniciales, Francia y Alemania, el resto de países solicitó de las instituciones europeas que se aplicasen los acuerdos firmados en todos sus términos. Incluso el entonces comisario europeo Pedro Solbes, abogó por el necesario cumplimiento de lo firmado.

Los grandes han aducido en su defensa variados asuntos, desde los gastos de la reunificación en Alemania hasta el peso de las aportaciones económicas de cada país a la Unión, asegurando que aportan más que lo que reciben.

Los incumplidores del Pacto han asegurado que seguirán así mientras sea conveniente para sus respectivas economías nacionales. Ante el cariz que va tomando el asunto la Comisión Europea (CE) propondrá el próximo viernes una aparente vía intermedia, reorientando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de forma que se tenga en cuenta la situación específica de cada país y, particularmente, su deuda pública, a la hora de aplicar este instrumento de control presupuestario.

La CE prevé adoptar una comunicación del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, en la que, además de revisar la aplicación del Pacto, se plantea una mejora en los mecanismos de coordinación de las políticas económicas nacionales como vía para impulsar las reformas estructurales. El documento no implicará retoques legales en el PEC, cuyos límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda se mantendrán intactos, sino sugerencias sobre cómo racionalizar su aplicación práctica.

Así, Bruselas abogará por que la UE defina en el futuro “objetivos a medio plazo” para países cumplidores en materia presupuestaria, de forma que aquellos que tengan además niveles de deuda pública “sostenibles” puedan permitirse cierto déficit, mientras que quienes estén en la situación inversa deban buscar no sólo el equilibrio sino también el superávit fiscal.

Una plantilla similar se aplicaría a los Estados que vulneren el límite del 3% y se encuentren por tanto en situación de déficit excesivo.

La Comisión y el Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) evaluarían la realidad macroeconómica de cada país y definirían en consecuencia las medidas de emergencia que deben ejecutar y los plazos para aplicarlas.

En la actualidad, los plazos regulares son de cuatro meses para adoptar las medidas y de un año para reconducir la situación fiscal, si bien el Ecofin ya fue flexible sobre este punto cuando dio dos años a Berlín y París para reajustar sus respectivos déficit.

La revisión supondrá también ampliar las “circunstancias excepcionales” que aconsejan un trato suave para países incumplidores, de forma que este concepto no cubra sólo los momentos de recesión, sino también los “períodos prolongados de crecimiento débil”.