Más importante que plantear cambios en la ley electoral es, a juicio de Rajoy, consensuar la fecha del referéndum y la pregunta que se hará en esta consulta.

ANTE EL CAMBIO DE LA LEY ELECTORAL
En definitiva, se trata de una cuestión de prioridades. Para los populares, lo principal no es cambiar la ley para dedicar más dinero público a que los partidos puedan hacer campaña en el referéndum. Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a hacer leyes para un supuesto determinado, como ocurriría en este caso.

Para el líder popular, lo que tiene que hacer el PSOE es “hablar con nosotros”, como partido mayoritario de la oposición, para acordar cuál va a ser la fecha del referéndum y la pregunta que se hará en la consulta. Todo esto, a pesar de que, como reiteró ayer, el Partido Popular hará campaña a favor de la Carta Magna europea, independientemente de que reciba financiación adicional o no.

El asunto arranca de la pretensión del Gobierno socialista de impulsar la reforma de tres leyes para permitir que la Administración y los partidos políticos puedan hacer campaña ante el referéndum de la Constitución de la UE, previsto para el primer trimestre de 2005, y que se habiliten fondos públicos para este fin.

La actual legislación electoral se articula en torno a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la de Regulación de las Modalidades de los Referendos y la de Financiación de Partidos Políticos. Este entramado de normas impide al Ejecutivo hacer campaña institucional en consultas populares, como puede ser la del referéndum de la Constitución de la UE, por lo que se considera precisa su reforma para que se pueda incentivar el voto de los ciudadanos. En concreto, el artículo 50.1 de la LOREG estipula que los poderes públicos podrán informar a través de campañas oficiales “sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores”.

Un apéndice fundamental: la financiación

Con la modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos se pretende, además, que las formaciones reciban aportaciones económicas para sus respectivas campañas, al igual que ocurre en los procesos electorales de carácter estatal y autonómico.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya adelantó a los grupos parlamentarios la intención del Gobierno durante una gira por países americanos a finales de julio. Los detalles de la convocatoria del referéndum, previsto para finales de febrero o principios de marzo de 2005, los expondrá Moratinos en una próxima reunión de la Comisión Mixta para la UE.

Reacciones diversas

En opinión de Mariano Rajoy, “se ha hecho un esfuerzo en España en los últimos años reduciendo los gastos electorales. Creo que es la buena línea y hoy en día hay suficientes medios de comunicación para que los políticos puedan exponer su opinión y sus criterios sobre este asunto”.

En cambio, el portavoz de la Presidencia de IU, Felipe Alcaraz, ha manifestado que su formación no sólo está de acuerdo con lo propuesto por el Gobierno, sino que además pedirá una reforma más profunda. No obstante, ha asegurado que IU apoyará los cambios que el Ejecutivo estudia introducir en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y en la de Referendos para habilitar fondos públicos con los que sufragar la campaña.

CiU, por su parte, ha asegurado que se opondrá a que la reforma de la Ley Electoral se base en los resultados de elecciones pasadas para calcular las ayudas que recibirán los partidos por realizar campañas en un referéndum. Por su parte, BNG ha calificado de “error político” dar subvenciones a los partidos para intentar convencer a los ciudadanos españoles de las bondades de la Constitución Europea.

Por su parte, tanto CiU como ERC e ICV, que ya han mostrado en ocasiones anteriores sus recelos ante el referéndum, han advertido que, si bien su espíritu europeísta es indiscutible, esto no se traduce necesariamente en apoyo incondicional al texto constitucional. La reacción se ha producido tras la petición hecha por Rodríguez Zapatero a los partidos de apoyo a la futura Carta Magna.

Artur Mas ha declarado que “se puede ser europeísta y votar no”, mientras que desde ERC se ha pedido al presidente que manifieste su espíritu europeísta favoreciendo “cambios legislativos y presupuestarios que garanticen la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas”.