El PP considera en sus conclusiones sobre el atentado del 11M que no se conoce quién fue el autor intelectual de los atentados, aunque sí ha apuntado que la masacre se produjo con el único objetivo de desalojar a su partido del Gobierno. Así lo hizo saber el portavoz parlamentario del grupo, Eduardo Zaplana, donde destaca la convicción de que el Gobierno Aznar no mintió ni incurrió en imprevisión.

Sostiene que la guerra de Irak no tuvo nada que ver con la matanza

Por otro lado, las conclusiones
para la comisión del 11-M presentadas por el PSOE sostienen que el Gobierno de
Aznar “manipuló la información” tras los atentados por “interés electoral”.
Mientras, el PP pone el énfasis en puntos que, a su juicio, quedan por aclarar,
como la autoría intelectual de la masacre.

La comisión de investigación del
11-M se ha reunido a puerta cerrada para debatir los proyectos de conclusiones
presentados por cada grupo parlamentario. Los textos de los diferentes partidos
destacan gran parte de las ideas que ya han ido reiterando en el último
año.

No obstante, la opinión del PP es
que “hay numerosos interrogantes abiertos” sobre quién decidió atentar, escogió
la fecha y coordinó y organizó los atentados, así como en relación con el
“acoso” a sus sedes entre el 11 y el 14 de marzo, por lo que rechaza el
“carpetazo” a una comisión en la que creen que han sufrido “numerosas trabas y
obstáculos”.

Para el portavoz popular, que presentó el texto junto a los
comisionados de su grupo Vicente Martínez-Pujalte, Jaime Ignacio del Burgo y
Manuel Atencia, “esta comisión acabó el día que compareció el presidente del
Gobierno”, José Luis Rodríguez Zapatero, que “vino con la intención de dar
carpetazo” a sus trabajos.

El PSOE afirma en su propuesta de conclusiones
de la comisión 11-M que, nada más producirse los atentados, el Gobierno del PP
“pensaba más en los resultados electorales” que podían producirse el 14 de marzo
que en lo que estaba ocurriendo “en unas horas tan trágicas para España”.

Así lo anunció en rueda de prensa
en el Congreso el portavoz socialista en la comisión, Álvaro Cuesta, quien
presentó el informe de conclusiones de su grupo que cuenta con 700 páginas y en
el que se afirma que, entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, el Gobierno del PP,
“por razones de interés electoral, manipuló y tergiversó los datos que iba
recibiendo de la Policía y de las investigaciones”.

La única línea de
investigación desde el primer momento fue, según las conclusiones de los
socialistas, la que señalaba a la autoría del islamismo radical, ya que “ni un
solo dato de la investigación apuntaba a ETA”, dijo Cuesta. En este sentido, el
diputado socialista recordó que la primera línea de investigación se inició
cuando apareció la furgoneta de los terroristas en Alcalá de Henares y cuando se
desactivó la mochila bomba con Goma-2, y “en ningún otro momento cabe deducir
otra pista”. “El ministro del Interior de entonces -Angel Acebes- deformaba los
datos que recibía y los hacía llegar sesgadamente a la ciudadanía”, dijo el
diputado socialista.

Las conclusiones del PSOE destacan la negativa del
anterior Gobierno a reunir el pacto antiterrorista y su decisión de actuar sin
contar con la opinión del resto de las fuerzas democráticas, conducta que
consideran motivada “por sus exclusivos y excluyentes intereses de
partido”.

“El Gobierno de entonces no impulsó con suficiente profundidad
la investigación”, dijo el diputado socialista, en referencia a la falta de
atención a los resortes logísticos de los terroristas, sus líneas de
financiación, sus conexiones con la delincuencia común, el reclutamiento de
terroristas o la investigación en los centros penitenciarios.

Pese a
todo, Cuesta quiso dejar claro que los únicos responsables de los atentados “son
los terroristas” y que una mayor atención a los riesgos de atentados islamistas
no hubiera significado necesariamente que se hubiera podido evitar el
11-M.

Cuesta recalcó que en las conclusiones el grupo socialista hace una
evaluación “muy positiva” de la actuación del Alto Comisionado para las
Víctimas, Gregorio Peces-Barba, cuya labor “recoge el sentir y las
reivindicaciones de las propias víctimas” en materia de sanidad, asistencia
jurídica, indemnizaciones o inserción social. Las recomendaciones del grupo
socialista sugieren mejorar la seguridad del Estado potenciando la cooperación
internacional, la coordinación de los distintos cuerpos de seguridad, reformas
en las medidas legales (como el control de fuentes de financiación, de
explosivos o de confidentes), o el aumento de recursos a la investigación del
terrorismo.