Se mata por cualquier cosa –un reloj, una billetera, un bolso–, pero incluso, “a pesar de” las cosas materiales, con el objetivo de que la sangre en las calles presione al gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, para que acepte volver al estado de semitolerancia con el crimen organizado, que imperaba desde la tregua pactada con los jefes de las pandillas en 2012.
Aquel “paréntesis de paz” se tradujo en una disminución de las víctimas de la violencia. Si en 2010 la cifra anual de asesinados fue de 4.404 personas, ya en 2013 habían pasado a ser 2.499. Un “respiro” que tenía por contrapartida la atención a las demandas de los principales jefes criminales encarcelados, quienes pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (en el centro del país) hacia otros de régimen menos severo. Complacidos los jerarcas, los sicarios dieron menos trabajo a sus navajas en los barrios, y el Estado, feliz por el logro, no reparó mucho en que, en la foto, quedaba como rehén de los pandilleros.
Repunte de los asesinatos
Aquel acuerdo, fraguado con Mauricio Funes, antecesor de Sánchez Cerén, fue abrogado por este último tras tomar posesión en 2014, en el entendimiento de que un delincuente no puede ser, para la autoridad nacional, un interlocutor válido. En consecuencia, el año terminó con un repunte: 3.912 muertes, y en el tiempo transcurrido entre enero a julio de 2015, otro salto: 3.332 víctimas.
Este baile de tristes estadísticas hace prever que, de continuar al ritmo actual, el año cerrará con más de 6.000 asesinatos, una verdadera hemorragia para una población de apenas seis millones de habitantes. Un colega de EFE ha hecho cálculos y ha concluido que la misma tasa daría, en España, 44.837 homicidios, y en China, más de un millón.
Por otra parte, si nos remontamos en la historia y desempolvamos el archivo de la última guerra civil salvadoreña (1980-1992), librada entre el FMLN y el gobierno, respaldados respectivamente por la URSS y EE.UU., recordamos que aquel conflicto dejó unos 75.000 salvadoreños muertos. Si se toma en cuenta que la contienda golpeó durante 12 largos años al país centroamericano, puede obtenerse un promedio anual de 6.250 víctimas, cifra ligeramente superior al pronóstico para 2015. Solo que El Salvador no está, como entonces, en guerra. O al menos no oficialmente.
Las pandillas cambian de estrategia
La respuesta, en primera instancia, ha sido la represión directa a los grupos delictivos, pero la fuerza de las pandillas, que roza los ribetes de un cuasi-Estado, la resiste, al punto de que este verano se atrevieron a amenazar de muerte a trabajadores y usuarios del transporte público si los vehículos salían a prestar servicio. Hasta hoy, 66 conductores y 41 usuarios han pagado con su vida el precio de no rendirse a la extorsión.
¿Qué hace la policía ante este escenario? Pues no dar abasto, y también morir: más de 40 agentes ya han caído en lo que va de año.
Quizás la represión pura y dura de años atrás sea precisamente la que ha llevado a este repunte. La investigadora Jeannette Aguilar, de la Universidad Centroamericana de El Salvador, esbozaba en un estudio las consecuencias de los planes Mano Dura y Super Mano Dura, implementados desde 2003 por los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), que derivaron en el arresto indiscriminado de unos 40.000 jóvenes salvadoreños, encarcelados en no pocas ocasiones por su apariencia exterior (vestimenta, tatuajes) o por reunirse en determinadas áreas, y de los que únicamente se procesó por indicios concretos al 5%.
Como consecuencia de aquella batida gigantesca, las pandillas no desaparecieron, sino que modificaron algunas estrategias para intentar pasar inadvertidas y golpear con más efectividad. Así, el tatuaje, signo distintivo por excelencia, ha ido dejando de serlo, tanto como los códigos de lenguaje con las manos, que delataban fácilmente a los mareros. Además, las bandas se han dotado de ciertas normas de conducta interna que penalizan, por ejemplo, el consumo de drogas entre sus miembros, lo que posibilita a sus líderes un mayor control de las acciones de estos.
Por otra parte, la reclusión de los delincuentes en centros penales donde se encontraban miembros de su propia pandilla ha tenido el efecto contrario al deseado por el gobierno, pues lo único que se logró fue una mayor cohesión interna de esos grupos, y ello sin contar el agravante de un inesperado “efecto llamada”, pues, enterados de dónde podrían ser internados, no pocos pandilleros cometían delitos en el exterior con la esperanza de ser arrestados y enviados a la cárcel de su banda de pertenencia.
Las maras, “grupos terroristas”
Uno de los últimos pasos dados por el Estado, más concretamente por su Corte Suprema, ha sido declarar que las maras Salvatrucha y Barrio 18 son, en toda ley, grupos terroristas, y que dicho calificativo se extenderá a todo el que colabore de alguna manera con ellas.
Entre las razones de su decisión, la alta instancia judicial apunta que estas bandas generan un verdadero terror colectivo, con acciones como la mencionada exigencia de que se paralice el transporte público, y que atentan contra derechos fundamentales de los salvadoreños, como el derecho a la vida, a desplazarse y asentarse donde les resulte oportuno y no donde dicten los grupos criminales, y a la educación, toda vez que, en 2014, más 13.000 escolares de primer grado a bachillerato abandonaran las aulas por motivos de inseguridad.
La resolución de la Corte, por otra parte, en una suerte de espaldarazo a lo decidido por el gobierno de Sánchez Cerén, impide que se reedite una tregua como la alcanzada en 2012, pues subraya claramente la falta de legitimidad de los criminales para negociar con –o mejor, chantajear a– el Estado: “No resulta admisible (…) el uso de mecanismos parajurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario”.
Con la nueva denominación de las maras como “terroristas”, algunos temen que las fuerzas del orden, el ejército u otras entidades e individuos interesados puedan cometer excesos y “pasarse de rosca” en su enfrentamiento al crimen. Pero la declaración es, de hecho, la constatación de una realidad: la de que todo un país es rehén de una minoría violenta. Los paralelos ideológicos con grupos declaradamente terroristas como el Estado Islámico o los talibanes son nulos, pero sus métodos de coerción, y la intención visible de hacer que la población civil no pueda vivir una existencia normal, les asemeja tristemente demasiado.
El momento de la cooperación política
La actual situación de inseguridad, por otra parte, puede conspirar contra la aplicación de un plan concebido por el gobierno para cortar las raíces de la alarmante inseguridad, no ya en los penales, sino en los barrios, en los hogares y en las familias…
Se llama El Salvador Seguro, y cuenta con la financiación del Estado, la empresa privada y la cooperación internacional, entre otros. En enero se dieron a conocer sus objetivos: mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades más empobrecidas, instituir un sistema judicial y de investigación criminal confiable, cortar la influencia de las pandillas en los centros penales y garantizar el cumplimiento de la pena en espacios adecuados para la rehabilitación de los infractores.
La única forma de salvar la iniciativa sería un consenso de las fuerzas políticas, a la manera en que lo hicieron el pasado 28 de agosto, cuando el oficialista FMLN, el opositor ARENA y otros tres partidos firmaron un pacto contra la delincuencia. Si creemos las intenciones expresadas, la tensión política, al menos cuando se trate de este tema, será dejada a un lado. Hay heridas sangrantes –literalmente– en las relaciones entre ellas en el pasado, pero quizás han entendido que no deben pesar más que la necesidad de sacar adelante a un país cuyo nombre, lamentablemente, hoy asociamos mentalmente con el término “homicidio” con la misma rapidez con que “pizza” nos recuerda a Italia o “tango” a Argentina.
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