A principios de esta semana la OIT presentó otro estudio denominado “Una alianza global contra el trabajo forzado”, y que ha sido elaborado como parte del seguimiento a la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, de la propia OIT. De acuerdo con el estudio, 12,3 millones de personas son víctimas del trabajo forzado en el mundo y, de ellas, 9,8 millones son explotadas por empresas privadas.

América Latina sostiene el 10% de este tipo de trabajo
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos 1,3 millones de
personas de América Latina y El Caribe son sometidas a trabajos forzosos, casi
el 10% registrado en todo el mundo, con una industria de tráfico humano de miles
de millones de dólares.

La OIT define el trabajo forzoso como “todo
trabajo o servicio que se exige a una persona bajo amenaza de una sanción y para
cuya realización dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente”. Además,
considera “el trabajo forzoso es un delito y una violación de los derechos
humanos”.

A principios de esta semana la OIT presentó otro estudio
denominado “Una alianza global contra el trabajo forzado”, y que ha sido
elaborado como parte del seguimiento a la Declaración sobre los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo, de la propia OIT, según informa Reuters.


De acuerdo con el estudio, 12,3 millones de personas son víctimas del
trabajo forzado en el mundo y, de ellas, 9,8 millones son explotadas por
empresas privadas. A su vez, las ganancias de este negocio ilegal suponen un
montante de más de 31.600 millones de dólares.

Según el informe, el
trabajo forzado afecta a 9.490.000 de personas en la región en Asia/Pacífico, a
1.320.000 en América Latina y el Caribe y a 360.000 en los países
industrializados de Europa y América del Norte.

Indígenas esclavos

Esta lacra se hace más
evidente en zonas como Brasil, Bolivia o Perú, donde los indígenas son tratados
como “esclavos” en las labores de tala ilegal de árboles, en la agricultura y la
extracción de minerales. Según relata la propia OIT en este informe que ha sido
calificado como el más extenso y detallado análisis sobre el tema, sólo en Perú
existen 30.000 personas realizando trabajos forzosos principalmente en la selva
de Loreto y Ucayali.

Las cifras generales apuntan a que unos 250.000 que
trabajan en condiciones de trabajos forzosos en Latinoamérica han sido objeto de
comercio ilegal de personas a nivel local e internacional. Y los beneficios de
la trata de personas para trabajos forzosos superan los 1.300 millones de
dólares en la región.

Además de las jornadas interminables de duro
trabajo, estos “esclavos” están vigilados constantemente por guardias armados y
en su salario de miseria, muchas veces, se incluye el pago en especie o
alimentos, sobre todo en las zonas más empobrecidas.

“A nivel regional
Brasil, Bolivia y Perú tienen el mayor número de trabajadores forzados que, en
algunas casos, cuando no cumplen sus tareas son golpeados o reciben latigazos”,
según afirma el antropólogo Eduardo Bedoya, uno de los autores del estudio que
se ha encargado de la zona de América Latina.

Las situaciones pueden
llegar a ser tan extremas como el caso habitual que explica Bedoya en el que “un
patrón maderero captura un grupo de indígenas, los hace trabajar con sus
familias y después de muchos años los deja en libertad a cambio de otro grupo de
indígenas”.

Esclavismo y
economía

Además, hay veces que este tipo de acciones poco tiene
que ver con la economía o el PIB del país en cuestión. Perú es la séptima
economía de la región y, sin embargo, registra 30.000 personas que realizan
trabajos forzosos, principalmente en la tala ilegal de árboles y extracción
informal de minerales, del cual este país es un importante productor en el
mundo.

También destaca el caso de Brasil, la mayor economía de
Latinoamérica con 180 millones de habitantes, que ha emprendido un plan de
erradicación del trabajo forzoso, pero que se ha demostrado insuficiente cuando
la presencia del Estado es débil en la zona afectada.

Bolivia presenta
un caso más dramático. En el país más pobre de toda América Latina Bedoya
calcula que en ese país andino unas 59.000 personas son sometidas a trabajos
forzosos, principalmente en el cultivo y cosecha de la caña de azúcar y la
castaña en las zonas del Chaco y Santa Cruz de Bolivia. Se tiene constancia de
casos en los que los indígenas trabajan en condiciones de servidumbre, teniendo
incluso que llevar el apellido de su patrón.

¿Soluciones?

Los gobiernos son conscientes de
que para combatir este mal son necesarias medidas legislativas y
administrativas, sin embargo, hay que trabajar con tiento ya que, como ocurre a
menudo con el trabajo infantil, esta es la única posibilidad de conseguir
recursos, por escasos que sean, de muchas personas.

Por esta razón
además de vigilar para que no haya atropellos en los derechos de los
trabajadores (con sueldos dignos, jornadas como estipula la ley y sin abusos
físicos) también hay que dar a los “esclavos” una alternativa para que puedan
emprender una nueva vida, independiente de su patrón.

De hecho el
informe de la OIT señala que en América Latina y el Caribe varios gobiernos
están combatiendo seriamente el trabajo forzado y han adoptado medidas severas
para frenar el problema.

Un experto sobre este asunto en la región,
Patrick Belzer, afirmó a la BBC Mundo que “muchas veces se trata de formas de
trabajo en áreas rurales, como por ejemplo en Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay,
lo cual muestra que este problema es grave en el campo y en sectores vinculados
a la agricultura”.

Existe un número importante de agricultores indígenas
en zonas remotas que están en condiciones de dependencia permanente por deudas
contraídas con contratistas privados y son reclutados forzadamente en vista de
su carencia de documentos oficiales y la débil presencia del gobierno.


Según Bedoya, “normalmente, el trabajo forzado se localiza en zonas
remotas donde el Estado no está presente, donde no hay un mercado laboral
desarrollado y donde no hay crédito que le permita al trabajador indígena pagar
las deudas con los patrones o con los reclutadores”.

A la hora de
analizar los principales tipos de trabajo forzado, la OIT señala que 2,4
millones de personas son objeto de tráfico, de las cuales el 43% de las cuales
son explotadas sexualmente. Mientras tanto, otras 2,5 millones son obligadas a
realizar tareas por el Estado o grupos rebeldes.

También en Europa

Pero no sólo los continentes
más deprimidos económicamente sufren de condiciones de esclavitud en el trabajo.
El informe de la OIT señala que el tráfico humano es una de las formas de
trabajo forzoso más frecuentes en el continente europeo.

Según la OIT,
“desarrollos tecnológicos como Internet, y la proliferación del turismo, las
agencias de citas y los medios que publicitan servicios sexuales han contribuido
a un aumento en la demanda de sexo comercial”. Y la mayoría de las víctimas de
tráfico dentro de la industria sexual proceden de Albania, Moldavia, Rumania y
Ucrania.

Sin embargo, a pesar de que gran parte de la atención se ha
centrado en las personas que son víctimas de explotación sexual, también en la
agricultura, el servicio doméstico, la construcción y las fábricas se da este
tipo de explotación laboral.

El caso de
Asia

Pero quizá una de las formas más denigrantes de trabajo
forzado surja cuando, precisamente la institución que debería evitarlo y
perseguirlo es la que lo realiza. Se han detectado, en algunas partes de Asia,
personas obligadas ha realizar trabajos forzosos por el Estado o por el
ejército.

En Birmania o Myanmar, algunos habitantes son reclutados por
obligación en el ejército, mientras que otros son obligados a trabajar en
proyectos públicos de construcción.