El Gobierno español acordó tramitar la solicitud al Gobierno de Argentina para que extradite a 40 miembros de las Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura militar (1976-1983) procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, que también fueron procesadas en su país tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Solicita la la extradición de Jorge Rafael Videla, Massera, y Astiz, entre otros
La decisión, adoptada en cumplimiento de una sentención del 31 de mauo de
2005 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afecta a un grupo de personas que fueron detenidas en Argentina en julio de 2003 en cumplimiento de una orden internacional. Tras el arresto, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia del entonces Gobierno de José María Aznar la propuesta de extradición.

Sin embargo, el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 acordó entonces no continuar el procedimiento de extradición activa contra estos 40 procesados reclamados a Argentina. Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura, e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya, interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso contencioso administrativo y en su sentencia declara que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.

El actual Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por tanto, está obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción número 5 a Argentina, lo que ha procedido a aprobar hoy el Consejo de Ministros.

Casi la mitad no están procesados

En Madrid, el abogado Carlos Slepoy, que entre otros casos ejerció la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina en el juicio contra Adolfo Scilingo, celebró la decisión del Gobierno español, que calificó de ´sumamente importante´ porque demuestra que la acción de la justicia española ´sigue activa´.

Además, en declaraciones a Europa Press recordó que casi la mitad de los reclamados también están procesados en Argentina por lo que en principio no parece que vayan a ser extraditados, pero en cuanto al resto –dijo– mucho de ellos se encuentran en libertad sin haber tenido que enfrentarse a la acción de la justicia por sus crímenes por lo que ´nada debería impedir´ que sean enviados a España.

En concreto, Slepoy se refirió a los casos de Héctor Mario Schwab, represor que actuó en Tucumán y que fue brazo derecho del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi –también reclamado por Garzón– y Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, único civil entre los reclamados, que ejerce como abogado de militares acusados por la represión y que en aquellos años actuó en la ESMA bajo el alias ´Teniente Vaca´.

´Sin duda se trata de una gran decisión que tenemos que celebrar. Aunque se ha tardado bastante tiempo en pedir la extradición, lo importante es que al final se ha tramitado (…) Hasta hace unos cuantos años nadie quería juzgar a estos genocidas y ahora hay una persecución múltiple y generalizada contra los responsables de tan aberrante crímenes´, sentenció.