La ampliación y las nuevas formas de negociar la posición de nuestro país pueden poner en peligro esta recepción prioritaria de fondos europeos por parte de España.

SEGÚN UN ESTUDIO
Las ayudas netas de la Unión Europea a España durante el año pasado
equivalieron a 213,9 euros por habitante (35.590 pesetas), según el estudio “El
reparto del gasto por Estado miembro” en 2003 presentado esta semana por la
comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer.

Según estos datos, las
ayudas brutas totales recibidas por España el año pasado en agricultura, fondos
regionales, fondo de cohesión, investigación, formación y demás políticas
comunitarias ascendieron a la cifra récord de 15.842 millones de euros (2,6
billones de pesetas), lo que supone el 20,4% de las ayudas distribuidas por la
UE.

Respecto a la estructura de este gasto, en el caso español más de la
mitad del dinero fue utilizado a través de iniciativas estructurales como nuevos
viales de tren o túneles y en menor medida para la agricultura. Se trataría de
una fotografía un poco diferente a la del resto de socios comunitarios, donde
principalmente se utilizó en agricultura.

España es el país que más
fondos recibe, pero esta situación cambiará a partir del 2007, con el nuevo
marco presupuestario de la UE ampliada y las contribuciones españolas cada vez
más elevadas a la UE. Además, aún está por ver el sesgo que tomarán las
negociaciones al respecto a cargo del nuevo Ejecutivo español. El relevo lo
tomará Polonia.

La aportación
española

España aportó a la financiación del presupuesto
comunitario 7.429 millones de euros, el 8,88% de las aportaciones totales de los
antiguos 15 estados miembros. Esta contribución está formada por los derechos de
aduana, las tasas agrícolas, un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre
el valor añadido, una aportación en función de la renta nacional y otra para
cofinanciar el llamado “cheque británico” (devolución parcial de las
aportaciones británicas).

El presupuesto de la Unión Europea se financia
principalmente a través de recursos propios como los derechos agrícolas (1,7%) y
los aduaneros (11,3%), el IVA (25,4%) y otros recursos derivados de la RNB
(61,3%). Aunque en términos reales sería Holanda el principal contribuyente en
términos nominales ocuparían las primeras posiciones Alemania (23%), Francia
(18,1%), Italia (14,1%) y Reino Unido (11,9%), que financiarían entre los cuatro
más de dos tercios del presupuesto comunitario. España pagaría el
9,2%.

La contribución total española aumentó el 13,4% respecto al 2002 a
causa de su mayor crecimiento económico y de su mayor inflación, ya que la
aportación en función de la renta nacional bruta se calcula en términos
nominales.

Una vez deducida esa contribución al presupuesto comunitario,
las ayudas netas europeas a España en el 2003 totalizaron 8.733 millones de
euros (1,45 billones de pesetas) y representaron el 1,21% de la renta nacional
española. Esa cifra fue ligeramente inferior al récord de ayudas netas recibido
en el 2002 (8.880 millones de euros), debido al fuerte aumento de la
contribución española al presupuesto comunitario.

Alemania, el que más paga

Los principales
contribuyentes netos al presupuesto de la UE fueron: Alemania (7.651 millones),
Reino Unido (2.763 millones), Holanda (1.956 millones), Francia (1.910 millones)
y Suecia (950 millones). Si esa contribución neta se mide en función de la
población, Luxemburgo se convierte en el principal contribuyente neto, con 125,1
euros por habitante, seguido de Holanda (120,6 euros), Suecia (106,1 euros),
Alemania (92,7euros) y Bélgica (74,7 euros).

Sin embargo, si se tiene en
cuenta el porcentaje de ayudas en función de la Renta Nacional Bruta (RNB) de
cada país (términos relativos), Portugal fue el máximo beneficiario (3,64%),
seguido de Grecia (3,18%), Irlanda (2,38%) y España (2,19%).

Las
propuestas presentadas por el Ejecutivo comunitario a los Veinticinco proponen
una pequeña elevación del gasto hasta 2013 para responder a las necesidades que
creará la ampliación de la Unión Europea. Se prevé que buena parte de las ayudas
destinadas a la agricultura y a la política regional se concentren ahora en las
regiones más pobres de Europa central y del Este de forma que reduzcan sus
desventajas respecto al resto de la UE.